Integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado indicó que el Gobierno requiere realizar medidas "más concretas que el Plan de Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví".
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Columna de opinión: Isabel Allende Bussi, senadora por la región de Valparaíso.
Se ha cumplido un año desde los episodios que significaron la intoxicación de más de mil vecinas y vecinos de la zona de Quintero y Puchuncaví, y nuevamente tenemos problemas con las emisiones de dióxido de azufre (SO2). Otra vez tenemos que lamentar que niñas y niños del colegio Sargento Aldea -como también algunos adultos- tuvieron que ser atendidos en el Cesfam de Ventanas por síntomas asociados a la contaminación.
Frente a esto, no hemos tenido respuestas concretas de parte del Gobierno: se escudan en el Plan de Descontaminación y una norma de azufre que permite 131 excedencias de la norma por año. Una vez más se vulneran los derechos de la población, justamente cuando se está cumpliendo el primer aniversario de los graves hechos ocurridos en esa zona. Esto es muy complejo porque la propia ciudadanía siente una gran desconfianza frente a las medidas que se están aplicando, y será muy difícil recuperar la credibilidad en la institucionalidad vigente.
Es por ello que en la Comisión de Medio Ambiente del Senado consideramos que el Gobierno y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) requieren realizar medidas más concretas que el Plan de Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví. Las acciones que éste establece son a largo plazo y hoy resultan claramente insuficientes. Hemos conseguido que el Superintendente de Medio Ambiente se comprometa a fiscalizar junto a la ciudadanía.
En esta línea, las y los parlamentarios de oposición queremos aumentar la responsabilidad de las empresas para a medir sus impactos, e incluso en aquellas que son anteriores a la ley ambiental chilena. De hecho, le hemos planteado al propio Superintendente de Medio Ambiente que, después del fallo de la Corte Suprema, tiene respaldo para fiscalizar a las empresas que anteriormente ellos mismos declaraban que no podían hacerlo, ya que no habían pasado por el Sistema de Calificación Ambiental.
De igual manera, hacemos un llamado a empresas como Codelco, ENAP y AES Gener a asumir un rol activo, y contribuir con las soluciones, sometiéndose voluntariamente al control de la autoridad fiscalizadora, mientras se realizan los cambios legales que permitan ampliar las atribuciones de la SMA. Es del todo razonable y esperamos que hagan un aporte más allá de lo que la ley actual les exige.
Asimismo, la actual norma que ha dictado este gobierno sobre el dióxido de azufre es injusta porque permite daños graves a la salud de la población. Además, si comparamos esta norma con la que tienen otros países o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es muy permisiva con la contaminación de las empresas. Por lo tanto, oficiaremos a Contraloría, para que tome razón de ello, y evalúe si tiene sentido continuar con la norma o más bien, requiere de su perfeccionamiento para alcanzar los estándares internacionales.
El Gobierno está siendo demasiado optimista respecto de su accionar en la denominada "zona de sacrificio", y la realidad que vemos, y de la que nos dan cuenta las personas y sus organizaciones, es absolutamente distinta. No podemos continuar indolentes frente a estos hechos, menos aún si estamos a tres meses de que Chile sea sede de la COP25, la conferencia mundial más importante del planeta sobre medio ambiente.
PURANOTICIA
