El hoy renunciado Alexis Sanzana, pareja de la jefa comunal villaalemanina, fue contratado en el departamento de Comunicaciones de la Municipalidad, situación que fue denunciada por concejales y ahora llevada a la justicia.
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Con una fuerte polémica, que sigue dándole dolores de cabeza a su gestión, inició la administración de la nueva alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo Muñoz, luego que decidiera contratar a honorarios a su pareja, Alexis Sanzana Palacios, en un cargo de Comunicaciones y por un sueldo que alcanzaba los $1,6 millones por mes, cuestión que fue denunciada por concejales, quienes criticaron tanto la relación sentimental de ambos y la idoneidad del involucrado, de profesión sociólogo.
En ese momento, la nueva autoridad municipal salió en defensa de la contratación de Sanzana, indicando que "además de ser mi pareja, fue mi jefe de campaña en el 2017 y ha estado a cargo de las comunicaciones de la campaña a la Alcaldía desde hace más de dos años, hemos trabajado políticamente juntos desde hace mucho tiempo" y agregó que "él proviene de la Sociología y tiene el bagaje de sobra para enfrentar el desafío, que es acercar el municipio a la comunidad".
La polémica continuó al día siguiente de la sesión de Concejo donde se abordó el tema, con la materialización de la renuncia de Alexis Sanzana, quien dijo a través de un comunicado que su decisión la tomó pensando en "la integridad del proyecto político que ayudé a levantar durante tanto tiempo y que considero no debiera dar lugar a ningún acto que pueda ser aprovechado por las fuerzas opositoras para debilitarlo (...) No puedo dejar de sentirme apenado y defraudado por el tipo de política nefasta que se mantiene pese a los a cambios que han sido requeridos por la ciudadanía".
Habiendo transcurrido más de dos semanas de lo que parecía ser el fin de esta controversia, el tema resurgió a través de la presentación de una querella criminal en contra de la alcaldesa Javiera Toledo Muñoz y en contra de todos quienes resulten responsables en el curso de la investigación, por "la eventual participación que les puede caber en los hechos que (...) podrían ser constitutivos de uno o más delitos", según reza el documento al cual Puranoticia.cl obtuvo acceso y que, para el pesar de las autoridades municipales villaalemaninas, fue acogida por el Juzgado de Garantía local.
La acción judicial comienza recordando algunas declaraciones efectuadas por concejales, como por ejemplo de Edith Alvear (PC), quien fue la encargada de dar a conocer el tema en sesión de este órgano el 21 de julio. Tras ello, se menciona la justificación de la alcaldesa Toledo, lo que a juicio de los querellantes "constituye no sólo una grave falta a los principios de probidad administrativa de la ley 18.575, sino que, además, puede constituir delito".
También exponen que los concejales Edith Alvear y Guillermo Barra señalaron que "Alexis Sanzana no mantiene vínculo matrimonial con la alcaldesa, sin embargo tienen un hijo en común", lo que se suma al cuestionamiento realizado respecto a la poca idoneidad para el cargo que tendría el involucrado, de profesión sociólogo. Además, el concejal Marcelo Góngora indicó que el contrato de Sanzana sería el más alto suscrito por la Municipalidad.
Ante estos antecedentes, los querellantes sostienen que "resulta evidente que la querellada, Javiera Toledo Muñoz, prodigó a su "pareja", con quien mantiene una relación "de convivencia" permanente y mantienen hijos en común, a una alta remuneración en la repartición pública, de la cual detenta la calidad de jefa superior del servicio".
"Esta circunstancia sólo fue posible mediante el uso de su cargo, la influencia y el poder de administración del cual está investida y, consecuentemente del abuso del derecho que le asiste como Alcalde, con la finalidad de prodigar a su amado de una remuneración y consecuentemente transferir recursos del horario fiscal a su patrimonio, mismos que indirectamente atendida la relación carnal que mantiene, repercuten en un beneficio patrimonial a la propia Alcaldesa, atendida la circunstancia que comparten un hogar común", indican los abogados en el documento.
La querella continúa recordando el compromiso asumido por Chile al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC): "El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales".
Ahora, "si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado público, con el fin de obtener una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos, perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente".
Con esto como contexto, los querellantes indican que "el objeto del intercambio es una influencia", vale decir, la posición de predominio que tiene una persona en relación con determinados centros de decisión. Al respecto dicen: "La querellada, en cuanto a su rol de jefe superior del servicio, ordenó o dispuso la contratación de su "pareja" y los funcionarios subordinados de la Municipalidad, desde el Administrador Municipal hasta el encargado de personal, pasando por el Director Jurídico y Director de Control, complacieron la voluntad de la Alcaldesa y actuaron influenciados por su directriz".
Los encargados de redactar la querella continúan el escrito recordando que el ordenamiento penal chileno sanciona el delito de negociación incompatible, el cual señala que "será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.
Así mencionan al empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo; el árbitro o liquidador comercial que hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales; el veedor o liquidador en un procedimiento concursal que hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o promoción le corresponda.
También hablan del perito que hubiere de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda; del guardador o albacea que hubiere de intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarías a su cargo; del que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona, en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio; y del director o gerente de una sociedad anónima que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley.
Las mismas penas se impondrán a quienes dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado (...), sea por consanguinidad o afinidad. Por ello, en la querella sostienen que "resulta ineludible la responsabilidad penal de quien, teniendo una posición de poder, como la querellada, ejerce torcidamente sus facultades, interesándose (no necesariamente en sentido económico o patrimonial) para permitir que un tercero (pareja o conviviente) tome contrato del cual efectivamente se beneficia económicamente".
Otro hecho mencionado en el documento dice relación con el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala que "el Alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes".
De acuerdo con todos estos antecedentes expuestos, la querellada alcaldesa Javiera Toledo, además de los funcionarios de la Municipalidad de Villa Alemana, al contratar a Alexis Sanzana Palacios "podrían haber cometido alguno de los ilícitos referidos, independiente del daño patrimonial que pueda haberse causado por parte de la Administración a la casa consistorial, materia que debe ser revisada por el órgano fiscalizador y, eventualmente, ejercer el juicio de cuentas pertinentes para el recupero de los dineros que puedan haberse pagado o se pretendan pagar".
También pidieron al Tribunal que ordene a la PDI la incautación de toda la documentación sobre la contratación del Municipio de Villa Alemana a Alexis Sanzana Palacios, en especial de los memos de Alcaldía que guarden relación con los hechos. A esto se suma la solicitud que se disponga orden amplia de investigar a la PDI, a fin de que se verifique la veracidad de los hechos; que se disponga la entrega del acta de Concejo Municipal celebrado el día 21 de julio del año 2021, como así mismo copia del video.
La última solicitud dice relación con que un fiscal adjunto o abogado asistente del Ministerio Público reciba declaración de los concejales Cecilia Quinteros, Edith Alvear, Marcelo Valderrama, María Fernanda Ternicier, Kesia Navarro, Guillermo Barra, Alonso Fierro y Marcelo Góngora; de la alcaldesa Javiera Toledo, y de otros seis directores y altos funcionarios municipales.
Las solicitudes de los querellantes fueron analizados por el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, cuya jueza, Daniela Rodríguez Niño, quien resolvió declarar admisible la querella, ordenando que fuera remitida para su tramitación al Ministerio Público. De igual forma, acogió las diligencias solicitadas por los abogados querellantes.
PURANOTICIA
