Consejo de Defensa del Estado apunta a Fernando Fuentes Donoso como responsable del delito de malversación por substracción, a través de una deuda que equivale actualmente a $27,5 millones.
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Producto de una serie de irregularidades en torno a los gastos y rendición de fondos, equivalentes a más de $27 millones, hechos que configurarían el delito de malversación por substracción, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del encargado y coordinador del programa «Más Capaz» entre los años 2014 y 2017, el cual fue ejecutado por la Municipalidad de San Felipe, además de quienes resulten responsables por el mismo u otros ilícitos que pudieran ser hallados en el curso de la investigación que se lleva a cabo.
En el marco de la labor que desarrolla el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entre los años 2014 y 2018 desembolsó diversas cantidades de dinero para que la Municipalidad de San Felipe desarrollara cursos de capacitación de empleo en diversas categorías, situación para la que Fernando Fuentes Donoso cumplía un rol de coordinador, contratado por el entonces administrador municipal de aquella comuna, Patricio González Núñez.
En concreto, según se indica en la querella presentada por el CDE ante el Juzgado de Garantía de San Felipe, documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, el 14 de julio de 2014, la casa edilicia administrada entonces por el alcalde Patricio Freire Canto -hoy a la espera de una apelación al proceso que derivó en su destitución por notable abandono de deberes- recibió casi $43 millones ($42.990.000) para ejecutar el programa «Más Capaz», desarrollado por el Sence.
A partir de esta fecha, el Municipio de San Felipe rindió sagradamente los dineros, sin embargo, el 8 de abril de 2015 declara haber gastado poco más de $39 millones ($39.410.074), existiendo un saldo pendiente de $3.579.926, que finalmente fue recalculado en $1.637.336. Dicho monto fue recién restituido por el organismo comunal el año 2019, lo que alertó a Sence sobre posibles irregularidades relacionadas a dicha iniciativa.
El día 6 de marzo de 2018, desde el Sence se le informa a Fernando Fuentes Donoso, en su calidad de coordinador comunal del programa, acerca del monto adeudado por parte de la Municipalidad de San Felipe, acción que el 16 de marzo es también comunicada, a través de oficio, al alcalde Patricio Freire Canto, quien al mes siguiente pide copia de las rendiciones realizadas y la postergación del plazo para reintegrar dichos fondos adeudados. Es durante este proceso que Sence recalcula el monto a restituir, pasando de $3,5 millones a $1,6 millones, el cual fue pagado el 27 de febrero de 2019.
Tras el primer convenio, firmado como ya se indicó en julio de 2014, vino un segundo acuerdo entre la Municipalidad de San Felipe y Sence, el 25 de mayo de 2016, que consistía en un nuevo programa de capacitación, renovado hasta el 31 de diciembre de 2018 por el monto de $21 millones ($21.340.760).
Fue en el marco de la rendición de cuentas de esta nueva iniciativa, llevada a cabo el 14 de julio de 2016 y por la suma de $20.449.319, que se detecta un significativo atraso en los plazos acordados, situación que dificultó los procedimientos.
Pero esta no fue la única situación irregular detectada, sino que también se estableció una inexistencia de prácticas laborales por parte de los alumnos que formaron parte del programa, tal como lo exigía el mismo, además de ausencia de contratos de trabajo conseguidos por los mismos participantes de la capacitación.
Es por esto que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ordenó a la Municipalidad de San Felipe reintegrar el dinero adelantado por este concepto, lo que ascendía a $1.575.000, cuya liquidación procedía vencido el último plazo para la última rendición, vale decir el 15 de enero de 2019. Cabe indicar que dichos montos fueron restituidos por el órgano edilicio.
Las irregularidades cometidas los años 2014 y 2015 fueron sólo un adelanto de lo que ocurriría el 2016, cuando tras adjudicarse un nuevo programa que consistía en cuatro cursos de capacitación, la Municipalidad de San Felipe firmó con Sence el 9 de agosto de aquel año un nuevo convenio, a ejecutarse hasta el 30 de junio de 2018, por la suma de $85 millones ($85.489.215), teniendo como requisito la aprobación de 25 alumnos por curso.
No obstante, según consta en la misma investigación de los hechos, el total de alumnos fue de sólo un 40% del cupo total. Pese a esta situación, los gastos se contabilizaron tomando en consideración el cupo máximo de asistentes, lo que fue "excesivo y/o incongruente" en relación a los objetivos planteados en el acuerdo, según detalla el CDE en su querella.
Es en el marco de la investigación de las irregularidades detalladas en la acción judicial que se destaca el testimonio de una funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Felipe, quien explica que el coordinador del programa, Fernando Fuentes Donoso, debiendo comprar calculadoras por el precio de $900 cada una, decide adquirir 25 tablets, aún cuando el curso lo componían sólo 15 personas.
De igual forma, en la querella se expone que las irregularidades no sólo recayeron en los gastos rendidos, sino también en el contenido de los programas; en una inoportuna entrega de información solicitada por la casa edilicia sanfelipeña, lo que derivó en el cierre de los cursos; que contaron con un bajo número de aprobaciones; y transgresiones reiteradas sobre los plazos de cierre, por ejemplo, a través de la no presentación de libros de clases sino hasta casi un año después.
Con todo lo anteriormente mencionado, el Sence determina el 19 de junio de 2019 que la Municipalidad de San Felipe debe reintegrarles montos por casi $41 millones ($40.734.889), correspondientes al total del dinero no rendido por Fernando Fuentes Donoso. Vale indicar que el órgano comunal devolvió $13.602.558, correspondientes al total del monto disponible en la cuenta destinada a la ejecución del programa, por lo que la deuda actual es de $27 millones ($27.132.331).
Otro punto que se debe señalar es que, junto a que el querellado no ha dado cuenta alguna de su destino, la acción judicial señala que "existen montos rendidos, cuyo fundamento es insuficiente y/o corresponden a gastos innecesarios para la ejecución del proyecto", cantidad que se debe determinar en la investigación.
Tras la presentación de todos estos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado solicita "tener por interpuesta querella criminal en contra de Fernando Emilio Fuentes Donoso, por el delito de malversación por substracción, previsto y sancionado en el artículo 233, en relación con el artículo 238, ambos del Código Penal; y en contra de quienes resulten responsables por dicho delito, sin perjuicio de otros injustos típicos que pudieran llegar a configurarse durante el curso de la investigación, declararla admisible y remitirla al Ministerio Público".
PURANOTICIA
