Carolina Aránguiz, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Valparaíso, solicitó que se realice una investigación interna debido a la "persecución laboral" de la cual ha sido víctima la Secretaria Municipal.
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Si bien, la polémica generada por la supuesta fiesta realizada en dependencias de la Municipalidad de Valparaíso, llevada a cabo por funcionarios municipales, escaló de inmediato -por medio de una denuncia- a la Contraloría Regional, esta vez el tema fue analizado por el Concejo Municipal porteño, lugar donde se abrió una verdadera caja de pandoras, con acusaciones de acoso, abuso sexual y persecución laboral, lo que motivó la creación de una comisión especial investigadora, con el fin de que se aclaren los hechos denunciados, de una y otra parte.
Cabe recordar que el abogado Marcelo Pacheco acudió hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para estampar una denuncia relacionada a la celebración de un cumpleaños en dependencias de la Municipalidad, la que apunta a la secretaria municipal, Mariella Valdés, quien habría sido la supuesta responsable de llevar a cabo esta fiesta, en la cual -según las imágenes- se apreciaban botellas de alcohol (whisky y vino), en pleno horario laboral y sin respetar las medidas sanitarias correspondientes, como distanciamiento y uso de mascarillas.
Días después de conocida la denuncia ante Contraloría, los mismos funcionarios aludidos, representados por la abogada Jeanette Bruna, descartaron de plano tales afirmaciones, asegurando que presentarán todos "los antecedentes que demuestran la inocencia de los seis funcionarios involucrados en esta artificiosa denuncia". Junto a ello, la defensora indicó que la denuncia "demuestra algo que ya es una continuidad en la gestión de Jorge Sharp: el acoso laboral a los funcionarios". Esta situación, adelantó Bruna, derivará en la presentación de una demanda por tutela laboral.
Pues bien, este tema ahora pasó por la Comisión de Régimen Interno del Concejo Municipal de Valparaíso, lugar hasta donde llegó Carolina Aránguiz, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Valparaíso (Afumuval), quien solicitó que se realice una investigación interna debido a la "persecución laboral" de la cual ha sido víctima Mariella Valdés. Esto, luego que denunciara una mala gestión en la entrega de cajas desde el municipio porteño, tras haber recibido una caja con mercadería en su domicilio ubicado en el cerro Alegre.
Al respecto, la presidenta de Afumuval hizo presente que existen en curso investigaciones por hechos que implican acoso laboral y sexual, los que aún no se priorizan en cuanto a su investigación, razón por la que llamó a dejar de lado las "faltas de respeto" hacía los funcionarios municipales porteños.
"La supuesta celebración a la cual se refieren, no fue más que una reunión desayuno y de trabajo, con no más de seis funcionarios, de la Secretaría Municipal. Esta no es la primera vez que Mariella Valdés es objeto de hostigamiento por personas vinculadas políticamente a esta administración. Se le acosa constantemente a través de las redes sociales, lo cual es lamentable porque se trata de una funcionaria de carrera", precisó Aránguiz.
Asimismo, la presidenta de Afumuval añadió que "incluso, en medio de la denuncia por redes sociales en contra de Valdés, el denunciante hizo públicos documentos que hacen referencia a un procedimiento administrativo en curso ante el nivel central de la Contraloría General, que es parte, además, de un sumario administrativo de la entidad edilicia. Finalmente, indicó que harán la solicitud de contratación de defensa jurídica frente a las graves acusaciones de las que han sido víctimas los funcionarios y funcionarias".
En tanto, el abogado que asesora a los dirigentes, Leonardo Contreras, quien también fue invitado a la Comisión de Régimen del Concejo Municipal de Valparaíso, hizo presente que la filtración de documentos reservados, con el fin de atacar a funcionarios municipales, se ha hecho una práctica recurrente desde el año 2018, ocasión en la que se investigaron actos de corrupción en la oficina de Inspectoría Urbana.
"La ley es clara y todos los antecedentes que están en un sumario son secretos hasta su culminación y tramitación total, por lo cual es inaceptable que personas ajenas al Municipio accedan a esta información, y la utilicen con el único fin de perjudicar la honra y crédito de los funcionarios y funcionarias municipales. Queremos dar señales claras de protección a los funcionarios, que son la columna vertebral de la Municipalidad", señaló el profesional.
En este contexto, Contreras anunció acciones legales en conjunto con los sindicatos y asociaciones de la Municipalidad, para hacer efectivas las responsabilidades que sean pertinentes.
El jurista, además, denunció el uso de redes sociales personales e institucionales del alcalde Jorge Sharp, para denostar a funcionarios y ex funcionarios municipales, haciendo presente el caso de la ingeniera Silvana Jeldes, quien después de dar una opinión sobre la distribución de cajas por parte del municipio porteño en Facebook, fue increpada por el mismo jefe comunal, en duros términos.
Por su parte, la abogada de Mariella Valdés, Jeannette Bruna, hizo presente en la Comisión de Régimen, la necesidad de que se aclaren los dichos del administrador municipal, Claudio Opazo, quien reaccionó frente a una denuncia realizada por redes sociales, con un video en el cual anunciaba el inicio de un sumario administrativo en contra de los denunciados, lo cual la abogada calificó como "irregular" y "fuera de toda formalidad".
Ante ello, el Administrador Municipal presentó sus descargos, señalando que lo que hizo con la denuncia fue sólo entregar información sobre el proceder que tomará la administración, mientras que el abogado de la casa edilicia porteña, Nicolás Guzmán, manifestó su interés de que las denuncias se formalicen, al igual que las solicitudes vertidas en la Comisión de Régimen Interno del Concejo Municipal.
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos descritos, por ambas partes, los concejales Iván Vuskovic (PC), Luis Soto (UDI) y Marcelo Barraza (DC) acordaron crear una comisión especial investigadora, con el fin de que se aclaren las situaciones denunciadas.
Dicha instancia estará encabezada por la concejala Ruth Cáceres (RN), quien fuera la primera en hacer presente, en el Concejo Municipal, las diferencias de trato entre funcionarios de carrera y aquellos que han ingresado en la presente administración.
Cabe hacer presente que esta comisión comenzará su trabajo durante la próxima semana y analizará en detalle el curso de los procesos sancionatorios y acusaciones vertidas sobre acoso al interior del municipio.
PURANOTICIA
