A través de un contundente informe, la FNE indica que los actuales términos de la licitación podrían favorecer la integración y colusión de las grandes líneas de buses, al igual que considera injustificado el pago por adelantado que exige la Municipalidad.
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El pasado lunes 29 de julio, la Municipalidad de Viña del Mar informaba que decidió postergar la fecha de apertura de la segunda licitación del Terminal Rodoviario debido a que habían solicitado un pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), organismo al que hicieron consultas respecto a las bases generales y que, a su vez, pidió informes sobre la materia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
"La Municipalidad ha estimado conveniente consultar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto al contenido de las Bases Generales de Administración que regulan esta licitación pública", señalaron desde el municipio, en un comunicado firmado por Pablo Staig, director de Asesoría Jurídica, agregando que el objetivo de aquella consulta tenía que ver con "dar certeza a los interesados en esta propuesta".
Y a poco más de dos meses de enviada esta solicitud al TDLC, los informes emanados por la FNE y el MTT no fueron acordes a las expectativas que tenía la Municipalidad de Viña del Mar, puesto que esperaban contar con los $3.500 millones solicitados por adelantado en el marco de la licitación del terminal de buses, dineros que se tenían contemplados para el plan de saneamiento financiero anunciado el 3 de abril de 2018.
En aquella oportunidad, la alcaldesa Virginia Reginato anunciaba, ante un gran número de medios de comunicación, un plan financiero que contemplaba cuatro medidas concretas, como por ejemplo aumentar el ingreso. En este punto, se refirió a la exitosa licitación del Festival Internacional de la Canción y a nuevas concesiones, como la del Terminal Rodoviario.
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Con fecha 4 de octubre, la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe respecto a la consulta de si la contratación de la "Concesión para la explotación del Terminal Rodoviario de la Ciudad de Viña del Mar" se ajusta -o no- a las normas del DL Nº 211. Además, en caso que corresponda, se solicitó fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en las Bases de Licitación, con el objeto de que éstas no infrinjan las disposiciones de dicho decreto.
En ese sentido, una primera conclusión señala que "existirían ciertos riesgos de competencia que surgen de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación" y que se generarían "riesgos de exclusión y de coordinación" en caso que el adjudicatario de la concesión se encuentre integrado verticalmente con una o más empresas de transporte interurbano de pasajeros.
Respecto a aquellos "riesgos" señalados por la FNE, estiman que no todos serían evitables a través de resguardos conductuales, ya que estos "imponen obligaciones de fiscalización que son de difícil ejecución y/o altamente costosos, especialmente respecto a conductas de sabotaje". Adicionalmente, indican que el concesionario "requerirá de una cantidad de información considerable para poder administrar el terminal de buses" y que ésta "puede ser utilizada en favor de sus relacionadas en el mercado aguas abajo".
A raíz de todos estos antecedentes, la Fiscalía Nacional Económica manifestó que considera oportuno que "se evalúe la pertinencia de establecer medidas de carácter estructural para estas Bases de Licitación en particular, ya sea prohibiendo completamente la participación de empresas de transporte que utilicen el Terminal Rodoviario o estableciendo límites objetivos y verificables a la integración vertical, en razón a las condiciones específicas de operación, ya sea en relación con la participación de mercado total y/o por rutas específicas de empresas de transporte interurbano, y/o respecto del capital, derechos de voto o derechos a las utilidades que estas empresas puedan tener en la sociedad concesionaria".
Como se indicó anteriormente, la Municipalidad de Viña del Mar esperaba contar con los $3.500 millones solicitados por adelantado en la licitación del recinto ubicado en calle Valparaíso 1055. No obstante, el informe de la Fiscalía Nacional Económica señala que "no se observa que el pago por adelantado se encuentre debidamente justificado".
Por otra parte, en cuanto a la renta solicitada por la Municipalidad de la Ciudad Jardín en las Bases de Licitación, la FNE considera "relevante" determinar los criterios que deben ser considerados para establecer el valor económico del activo y la renta que podría obtener el municipio a partir de ésta. Conforme a ambas situaciones, la Fiscalía estima deseable que el Tribunal de la Libre Competencia "evalúe si debiesen fijarse sólo pagos anuales a la Municipalidad".
En otro punto, indican que debiesen "ampliarse los criterios asociados al factor de adjudicación de experiencia". Al respecto, aseguraron que sería conveniente que el TDLC determine los criterios generales y la forma en que debería ser evaluada la exigencia de experiencia, contenida en los numerales 6.3.2 letra C) y 9.3. letra C) de las Bases de Licitación.
Finalmente, en relación a la exigencia de un reglamento interno de operación del Terminal Rodoviario de Viña del Mar, la FNE puso en consideración del TDLC para que "evalúe la pert¡nenc¡a del proceso de elaboración del reglamento, intervinientes del mismo y contenido mínimo exigido en las Bases de Licitación para este documento". Asimismo, se solicita eliminar la participación de la FNE en el proceso de elaboración de este reglamento, a menos que el Tribunal indique lo requiera.
Cabe recordar que el Tribunal de la Libre Competencia también le solicitó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) un pronunciamiento frente a dicha licitación, el cual, a través de un informe firmado por la ministra Gloria Hutt, dio cuenta de otra falencia en las bases de licitación y en el funcionamiento mismo del recinto.
En ese sentido, el documento, al cual tuvo acceso Puranoticia.cl, indica que dichas bases de licitación "no regulan detalladamente aspectos básicos referidos al funcionamiento del terminal".
De igual forma, el MTT señala que los instrumentos en comento "dejan una serie de aspectos sin regular, permitiendo así que una cantidad sustantiva de condiciones de funcionamiento sean fijadas por el plan de operaciones que presente el concesionario una vez adjudicada la concesión".
Dicha circunstancia -según el Ministerio- es "sumamente relevante", dado que, de concretarse, podría vulnerar directamente lo dispuesto por la Política Nacional de Terminales "para los servicios públicos de locomoción colectiva no urbana, en el sentido que 'las Municipalidades cumplirán y harán cumplir las normas y reglamentos para implementar la política de terminales no urbanos...'".
Acerca de las condiciones de la licitación, se observa, además, que estas "no aseguran el cumplimiento de lo establecido" en relación a "la operación de todos los terminales no urbanos, sean estatales, municipales o privados, se atenderán a las normas generales que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones" y a que "el uso de los terminales no urbanos en terrenos estatales o municipales estará abierto a cualquier servicio no urbano de locomoción colectiva, si su capacidad lo permite".
De igual forma, se establece que el concesionario debe dar acceso a todas las empresas de buses que lo soliciten, conforme a la normativa vigente, sin que se pueda esgrimir falta de oficinas".
Cabe señalar que, si bien, el citado decreto no señala cómo determinar la capacidad de estos recintos, y que por tanto no todos los terminales han logrado establecer, el Ministerio de Transportes estima necesario evaluar este punto, "incorporando en las bases la necesidad de que el concesionario limite las autorizaciones en relación a variables tales como horarios de los servicios, tiempo de permanencia en los andenes, entre otros, toda vez que en épocas estivales o festivas, estos colapsan y la operación de los servicios se entrega en la vía pública".
No obstante aquello, y entendiendo que la construcción del terminal en cuestión es un hecho previo a la dictación del decreto, es que dicha circunstancia actualmente se encuentra en proceso de regularización por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso.
Este 2019 se cumplieron los 20 años de la administración del rodoviario viñamarino, por lo que desde 2018 se dio por iniciado el proceso de licitación para un nuevo periodo para los próximos 16 años. Sin embargo, en una primera instancia no se presentaron oferentes interesados. A pesar de ello, este año se iba a lanzar un segundo proceso, pero se decidió presentar una prórroga hasta diciembre debido a que no hubo mayores avances en la segunda tramitación.
En medio de este proceso, algunos concejales le advirtieron a la alcaldesa Virginia Reginato que podrían haber falencias en la licitación, cuestión que no fue atendida en su momento, hasta que en julio le hacen la consulta al Tribunal de la Libre Competencia, que finalmente, por medio de sendos informes de la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio de Transporte, los confirmó.
Frente a esto, la concejala Laura Gianicci (DC) explicó a Puranoticia.cl que "ya habíamos dicho esto hace un año, cuando pasó la primera vez que se habló del tema del rodoviario. Se presentó a la Fiscalía Nacional Económica cómo habían sido las bases de licitación y esto confirma que estaba mal hecho. Lo malo es que ya llevamos casi dos años postergando y postergando, y ahora vamos a tener que volver a postergar, y eso que en la última votación en que nos pidieron prórroga nosotros alargamos hasta diciembre porque no sé por qué olíamos que iba a volver a pasar esto".
Además, la edil de oposición a la administración Reginato sostuvo que "lo que molesta, una vez más, es que no se hacen las cosas bien. Cuando uno insinúa que seguramente va a fallar de nuevo, la administración no responde y se comete el mismo error" y agregó que "lo peor es que la ministra (Gloria) Hutt firmó un informe del funcionamiento del rodoviario actual, que dice que está lleno de problemas. Entonces, esto se suma al tema de la libre competencia".
Consultada respecto a cómo afecta esta situación a los recursos de la Municipalidad, que contemplaba los dineros de la licitación del rodoviario para el saneamiento de sus arcas financieras, Gianicci indicó que "se dice que se arregló el tema, porque el titular de la prensa es que estamos empatados en gastos e ingresos, pero hablan de presupuesto. Como nosotros no hemos dejado pasar casi nada en gasto... claro, el presupuesto de este año puede que esté con una diferencia mínima, pero no se habla del déficit financiero, que se mantiene prácticamente igual. Por algo presentamos la acusación, porque las cosas no se están haciendo bien y lo malo es que no sé por qué no se reconoce".
Junto a adelantar que va a pedir las explicaciones respectivas, la Concejala DC concluyó diciendo que "lo único que espero de esto es que de una vez por todas se decida acoger una propuesta que algunos concejales presentamos, de hacer un rodoviario nuevo en el sector de El Salto, para sacar el actual del centro". No obstante, aseguró que la administración Reginato les respondió con una negativa, ya que "nos dijeron que no había mucha locomoción para allá, sabiendo perfectamente que si pones un rodoviario se va a llenar de colectivos que van a ir felices para allá".
PURANOTICIA
