Un informe de Contraloría que investigó los permisos del año 2018 detectó además que 142 permisos fueron a personas que registraban domicilio fuera de Valparaíso.
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Mientras el tradicional olor a carne asada, anticuchos y empanadas colmaba cada sector de Valparaíso y, por cierto, del país completo, durante septiembre de 2018, en la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso se llevaba a cabo una acción irregular que no dejaba muy buenos aromas para la Ciudad Puerto que administra el alcalde Jorge Sharp, te revelamos aquí el "modus operandi" de como se gestionaron los permisos para aquellas Fiestas Patrias.
A esta conclusión se llega luego de que una persona, bajo reserva de identidad, acudiera hasta la Contraloría Regional de Valparaíso, con el objetivo de denunciar irregularidades en el otorgamiento de permisos precarios para el desarrollo de actividades comerciales en la comuna de Valparaíso, en el marco de Fiestas Patrias, pero también del Día del Niño, vale decir un mes antes que volantines, trompos y banderas chilenas "inundaran" las ciudades.
En concreto, en la denuncia, a la cual Puranoticia.cl tuvo acceso, se indica que las solicitudes de permisos precarios para el desarrollo de actividades comerciales, en bienes nacionales de uso público, no fueron realizadas a través de la plataforma municipal, y que, en su lugar, funcionarias municipales recibieron de parte de Héctor Hernández Barra -miembro de la Federación Navideña de plaza O ́Higgins- una nómina con el nombre de las personas que requerirían dichos permisos.
Además, agregan que los cobros que realizaría Hernández por dichas gestiones "son excesivos"; que se concedieron permisos a personas que no residen en la comuna; y a otras que mantienen trabajando a extranjeros, situaciones que, a su parecer, "no se ajustan a lo dispuesto en la ordenanza municipal que rige la materia".
En base a esta denuncia, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe Nº 40/2020, al cual también tuvo acceso Puranoticia.cl, que señala que durante el desarrollo de la fiscalización, se verificó una serie de falencias en torno al proceso de otorgamiento de permisos especiales para las Fiestas Patrias del año 2018, como también al posterior cobro de los derechos correspondientes, entre ellas, la "falta de emisión de actos administrativos que formalicen el permiso; la falta de identificación de los beneficiarios; el pago de los derechos con posterioridad a la realización de la actividad o evento; la existencia de derechos pagados por montos menores a los establecidos en la ordenanza municipal y de permisos pendientes de pago".
De igual forma, el ente contralor señala que tales situaciones implicaron una "vulneración" de los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que prevén, entre otros, los principios de control, eficiencia y eficacia, y el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los fondos públicos, así como también un incumplimiento de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de Contraloría, sobre normas de control interno. Bajo este contexto, el organismo fiscalizador estableció que corresponde que la Municipalidad de Valparaíso implemente las medidas de control que resulten necesarias y suficientes, para evitar reiteración de estas situaciones.
Tras la fiscalización llevada a cabo por Contraloría, una vez conocida la denuncia, se constató que la Municipalidad de Valparaíso, al momento de emitir los decretos alcaldicios Nº 3.859, de 2018, y 3.696, de 2019, a través de los cuales aprobó un total de 442 permisos de ocupación onerosos para ejercer el comercio en el entorno del parque Alejo Barrios, entre los días 14 y 19 de septiembre del 2018, y entre calles Edwards y Las Heras («Calle del Niño»), el 12 de agosto de igual año, no validó si los permisionarios cumplían los requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público para Ejercer Temporalmente el Comercio, verificándose diversos incumplimientos.
En concreto, se determinó que 142 permisionarios registraban domicilio fuera de la comuna de Valparaíso; que 24 permisos precarios fueron otorgados a personas que al mismo tiempo eran titulares de permisos similares concedidos en la Municipalidad de Viña del Mar; que 42 permisos fueron autorizados a personas que ya eran titulares de permisos análogos otorgados por la municipalidad fiscalizada; que en seis casos el municipio autorizó dos permisos a una misma persona; y que se otorgaron 101 permisos a personas que mantenían obligaciones pendientes de pago con esa entidad edilicia por la suma de $9.446.740.
Y como guinda de la torta, se advirtió el otorgamiento de un permiso a una persona fallecida.
A partir de estas situaciones irregulares detectadas, el órgano fiscalizador determinó que la Municipalidad de Valparaíso deberá dar estricto cumplimiento a la citada Ordenanza Municipal, como asimismo a la normativa legal y jurisprudencia administrativa aplicable en la especie. De igual forma, deberá instruir el correspondiente sumario administrativo, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos.
La misma fiscalización efectuada por Contraloría, cuyos detalles aparecen contenidos en el informe Nº 40/2020, permitió la verificación de 20 permisos precarios que se mantenían pendientes de pago, por la suma de $76.360, sin multas ni reajustes, los cuales fueron otorgados para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco de la celebración del Día del Niño del 2018.
Además, se detectó que cinco agrupaciones adeudaban 19 permisos precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para el desarrollo de actividades comerciales, para las denominadas "ferias ciudadanas" realizadas tanto en la plaza Sotomayor como en la plaza Cívica, frente a la Intendencia Regional de Valparaíso.
También se estableció que los derechos municipales asociados a 79 permisos precarios otorgados a agrupaciones para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco de las denominadas "ferias ciudadanas" fueron pagados por montos menores a los que correspondían, diferencia que alcanzó la suma de $4.743.944.
En base a estos antecedentes, Contraloría indicó que la Municipalidad de Valparaíso "deberá adoptar las medidas que resulten necesarias y pertinentes", a objeto de velar por el correcto y oportuno cobro de los derechos municipales dispuesto en la anotada ordenanza local.
También deberá emprender las gestiones de cobro que resulten necesarias, a fin de obtener el pago de los derechos municipales adeudados o pagados por un monto menor al establecido en la referida ordenanza, según en cada caso corresponda. Todo esto deberá ser incluido en un sumario administrativo.
Otra irregularidad detectada en el marco del procedimiento llevado a cabo por Contraloría, acusa que el municipio porteño otorgó permisos precarios a Paola Panque Russell y a Claudio Young Barra para realizar actividades comerciales en la vía pública, específicamente para instalar un carro de comida al paso y realizar actividades comerciales en el tradicional paseo Gervasoni de la ciudad.
El problema radica en que la primera -al momento de la fiscalización del órgano de control- sería pareja de Nicolás Arriagada Zanetta, trabajador del Departamento de Inspectoría Urbana.
Por su parte, el segundo -también al momento del procedimiento de control- tendría una relación de parentesco con Claudio Sepúlveda Young, Director de aquella unidad municipal.
En base a este hecho, el organismo fiscalizador determinó que "corresponde que la materia observada sea incorporada en el sumario administrativo que el municipio deberá instruir e informar sobre aquello en el plazo de 15 días contados desde la recepción de presente informe final".
Ce¡abe consignar que este martes el alcalde Jorge Sharp comunicó que este año 2020 se suspenderán las actividades de Fiestas Patrias tradicionales en Valparaíso.
PURANOTICIA
