Cuatro concejales de oposición firmaron el requerimiento con el cual esperan que el Tribunal Electoral Regional destituya del cargo a la alcaldesa de Viña del Mar.
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Los concejales de Viña del Mar, Laura Giannici (DC), Víctor Andaur (PC), Sandro Puebla (IND-PS) y Marcela Varas (PPD), presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) una acusación por notable abandono de deberes en contra de la alcaldesa Virginia Reginato; esto, tras el informe de Contraloría que confirmó que el déficit en las arcas municipales supera los $17.500 millones.
Luego de un trabajo de meses, finalmente los ediles plasmaron al menos 30 acusaciones -explicados en cuatro puntos- en contra de la jefa municipal, los cuales están incluidos en las 97 páginas del requerimiento que presentaron ante el TER, al cual Puranoticia tuvo acceso, y que comienza señalando que "ha incurrido en acciones y omisiones ilegales, que le son plenamente imputables y, atendido su constante negativa a reconocer la realidad, prefiriendo ocultar hechos indesmentibles con el sólo objeto de mantenerse en su cargo (...) es que venimos a interponer un requerimiento (...) en contra de Virginia María Reginato Bozzo, actual alcaldesa de Viña del Mar".
De igual forma, manifiestan que el objetivo de esta presentación es que "el Tribunal Electoral Regional, conforme a sus facultades, disponga la inmediata cesación en su cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años o, en su defecto, las sanciones que estime correspondientes, atendido que su permanencia significa seguir aumentando el detrimento al patrimonio municipal, poniéndolo constantemente en riesgo con la consiguiente afectación de la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad viñamarina".
Además, en el documento presentado ante el TER, los concejales indican que, tanto la comuna como el municipio, "están sumidos en una situación de deterioro urbano y de crisis financiera que por años se arrastra, afectando los servicios que se prestan a la comunidad y donde el patrimonio de la Municipalidad se ha visto severamente afectado por los inexcusables, manifiestos y reiterados incumplimientos de la alcaldesa a las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal y que se ha comprobado tanto por el Concejo Municipal, por la Contraloría General de la República y por el propio Departamento de Control Interno de la Municipalidad".
Luego, los ediles expusieron cuatro puntos que dan cuenta de las situaciones detectadas. En primer lugar señalan que "la alcaldesa Reginato ha mantenido y mantiene por años a la Municipalidad en permanente estado de déficit financiero, a pesar de los altos ingresos que el municipio recibe y que deberían destinarse a inversiones u obras en beneficio de la comunidad, pero no a mayores gastos administrativos, honorarios, horas extraordinarias, como se ha acreditado en una reciente auditoría de la Contraloría General de la República".
Junto a mencionar los millonarios recursos que se obtienen por el Casino de juegos, "con cuya cuantía no cuenta ningún otro municipio en Chile", los concejales expusieron que "a pesar de tener un alto nivel de otros ingresos propios, durante estos años la inversión en proyectos con fondos municipales y en servicios destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad local ha sido postergada, ya que se ha privilegiado el aumento sostenido de gastos en contratación de personal, pago de horas extraordinarias, contratación excesiva de personal a honorarios sin la respectiva calificación, establecimiento de una planta directiva informal y paralela a la establecida por ley, con sueldos millonarios, gastos excesivos en actividades ajenas a las funciones municipales o "clientelares" para mantener la adhesión electoral a la Alcaldesa".
Otro punto incluido en el requerimiento indica que "la alcaldesa ha realizado y sigue realizando una gran cantidad de maniobras para mentir y ocultar, por años, la real situación financiera del municipio, llegando incluso a la adulteración de los estados contables, entregar información falsa en sus cuentas públicas y una serie de otras actuaciones que han generado graves perjuicios al patrimonio de la Municipalidad y a la actividad municipal destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad local".
En ese sentido, los concejales aseguran que acreditarán que "no estamos frente a un error puntual o casual en los estados contables o en la redacción de las cuentas públicas, sino que se trata de una conducta sistemática, reiterada y permanente de la alcaldesa, destinada a ocultar la realidad y faltar a la verdad, lo que incluso puede afectar su responsabilidad penal y/o civil, ya que el ocultamiento y la entrega de antecedentes falsos al Concejo no nos ha permitido ejercer a plenitud nuestras funciones fiscalizadoras y se ha realizado sin importarle los perjuicios que esto conlleva para el patrimonio municipal y para los ciudadanos de Viña del Mar, que se ven afectados por una administración comunal deficiente".
Acerca de las presuntas maniobras que Reginato ha utilizado para ocultar la situación de déficit municipal son, según los ediles, haber "faltado a la verdad de manera sistemática y permanente (...) ocultando relevantes deudas contraídas a largo plazo; omitiendo u haciendo caso omiso a observaciones determinantes realizadas por la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento y la administración municipal; ocultando juicios en los cuales era parte el municipio y que comprometieron o pueden comprometer parte importante del patrimonio de la ciudad; del mismo modo, haber incumplido, a sabiendas, el principio de legalidad del gasto y las normas sobre los aspectos financieros que debían observarse en el manejo de los dineros públicos; haber impedido al Concejo Municipal la realización de auditorías externas para verificar la situación real de las finanza municipales; haber infringido, abierta y reiteradamente el principio de equilibrio presupuestario por la vía de haber presentado, para aprobación del Concejo; presupuestos desfinanciados", entre otros puntos señalados.
Finalmente, cierran este segundo punto indicando que "demostraremos que los vecinos de Viña del Mar, durante el año 2019, deberán soportar gran parte del déficit generado en años anteriores mediante la rebaja en inversión municipal y de servicios que se prestan habitualmente y, finalmente, cómo se ha postergado el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación Municipal para ocultar el real estado financiero de ésta".
Los concejales Giannici, Andaur, Puebla y Varas continúan expresando en el documento que la alcaldesa Virginia Reginato, "por la vía de acciones y omisiones, ha permitido que funcionarios subalternos y terceros, ajenos al municipio, realicen una gran cantidad de acciones irregulares". Asimismo, aseguran que una vez constatadas estas irregularidades, "no adopta ninguna medida destinada a perseguir las responsabilidades administrativas, civiles o penales que corresponden para resguardar el patrimonio municipal".
En este tercer punto hablan acerca del pago de horas extras en el municipio, donde cuentan que esta situación se llevó a cabo "a pesar de las advertencias de la Contraloría, de que muchas de ellas eran físicamente imposibles de realizar":
También exponen "la nula reacción de la alcaldesa para detener dichas prácticas; perseguir las responsabilidades que correspondían o ejercer las acciones para obtener el reintegro de los recursos municipales que no correspondía pagar; la falta de fiscalización a contratos y concesiones relevantes, que permiten que los concesionarios no paguen al municipio las rentas establecidas, como ocurrió con la concesión de estacionamientos de la población Vergara; la falta de supervigilancia de funcionarios que fiscalizan contratos de obras municipales, en los cuales se han detectado graves irregularidades, como son la remodelaciones del palacio Vergara, teatro Municipal, estadio Sausalito y la construcción de los estacionamientos subterráneos de la plaza Sucre".
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Por último, también en esta etapa de la acusación señalan las "sucesivas irregularidades en la Dirección de Obras Municipales (DOM) detectadas por la Contraloría y que no han sido sancionadas oportunamente, lo que ha ocasionado que el municipio sea condenado a pagar millonarias indemnizaciones; la intención e insistencia de la alcaldesa de celebrar un acuerdo judicial con el concesionario de los estacionamientos subterráneos de la plaza Sucre en condiciones muy desventajosas para la Municipalidad, con el sólo objeto de ocultar la deficiente actuación del municipio en la construcción de esa obra; y el perjuicio que implica la construcción y emplazamiento de las millonarias obras del paseo del Borde Costero Las Salinas, en terrenos de dominio de un particular con pleno conocimiento de aquello", agregando que en todos estos casos "no hay castigos ni se hacen efectivas, ni se persiguen las responsabilidades que en derecho corresponden".
En el cuarto punto del requerimiento, los concejales manifestaron que se acreditará que "la alcaldesa ha dejado de ejercer a plenitud sus funciones y las ha delegado en su jefa de gabinete y en un grupo de asesores que gozan de un tratamiento privilegiado en el municipio, tienen sueldos desproporcionados, a quienes no se les exige acreditar sus labores, ni publicar sus intereses y patrimonios, a pesar de que la ley los obliga a ello".
"Ha delegado gran parte de sus atribuciones de Administración, Dirección Superior y Supervigilancia de la Municipalidad en personas contratadas a honorarios, en especial, en su denominada jefa de gabinete, todos los cuales toman una gran cantidad de decisiones, muchas veces equivocadas y perjudiciales para el municipio. Sin embargo, atendida la calidad de contratación de esas personas, resultan ser irresponsables administrativamente, lo que llevaría a concluir que debería ser la alcaldesa quien personalmente asuma la responsabilidad por las actuaciones de dichas personas".
Asimismo, anuncian que se comprobará que "de manera arbitraria, los sueldos de estos colaboradores son desmedidos en relación a los que correspondería a funcionarios municipales, por desarrollar funciones análogas", asegurando que "en algunos casos se les permite tener dobles y triples contratos con la Corporación Municipal y parlamentarios del partido político de la alcaldesa y, en general, gozan de un tratamiento diferenciado y privilegiado, llegando al extremo que la alcaldesa los libera de cumplir ciertas obligaciones básicas y relevantes en materia de acreditación efectiva de sus labores, transparencia y probidad".
Como conclusión de estos cuatro puntos, los ediles de oposición sostienen que "se acreditará la directa imputabilidad de la alcaldesa y los elementos de reiteración, gravedad e inexcusabilidad que hacen procedente y necesaria la inmediata remoción de la alcaldesa Virginia Reginato de su cargo por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, según corresponda".
Asimismo, plantean que este requerimiento se fundamentará en una gran cantidad de antecedentes documentales, al igual que la declaración testimonial de autoridades y personas que "pueden dar cuenta de la gravedad de los hechos denunciados y, en el desarrollo de la fundamentación, tomaremos como referencia reciente jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones que, en caso de faltas o irregularidades similares e incluso menos graves, ha fallado y acogido requerimientos por notable abandono de deberes de algunos alcaldes".
El concejal Sandro Puebla (IND-PS) explicó que "terminamos el trabajo recopilando los últimos antecedentes financieros y jurídicos para la acusación". Por su parte, el edil Jaime Varas (UDI) aseguró que "practicamente, todos los elementos que forman parte del informe de Contraloría, que justificaría esta acción, se encuentran corregidos o subsanados, lo cual ha sido constatado por la propia Contraloría".
PURANOTICIA
