Inhumaciones sin autorización sanitaria; falta de control sobre la concesión; falta de garantías para exigir el cumplimiento de lo acordado; y costos de sepultación, son parte de los problemas detectados por Contraloría en su Informe Final.
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Una serie de denuncias ha recibido la Contraloría Regional de Valparaíso contra los cementerios municipales números 1, 2 y 3 de la Ciudad Puerto, controlados por la Corporación Municipal para el Desarrollo Social (Cormuval), en relación a los montos involucrados en las operaciones referidas a los mismos y por las debilidades de control interno detectados.
A raíz de lo anterior, el ente fiscalizador efectuó una auditoría y un examen de cuentas a los ingresos propios y gastos generados por dichos cementerios, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018, los cuales arrojaron una serie de irregularidades, las que quedaron documentadas en el Informe Final N° 379 de 2019, y al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.
En primer lugar, se comprobó que el año 2015, la Cormuval entregó a la empresa Sociedad Cementerio Playa Ancha S.A. la concesión -por 30 años- de 2,9 hectáreas, lo que implicó la comercialización de sepulturas y su entrega en dominio a particulares, situación que se aparta de las facultades que le fueron conferidas por la Municipalidad de Valparaíso.
En un documento de la oferta presentada por la empresa adjudicada, la firma se obligó a un pago anual -a partir del año 2 y hasta el año 30- que reportaría un beneficio aproximado de $2.125 millones para dicha Corporación Municipal.
De igual forma, en el parque concesionado se han efectuado inhumaciones, sin contar con las autorizaciones sanitarias respectivas; tampoco existe control sobre la materia concesionada; no se cuenta con garantías que permitan exigir el cumplimiento de lo acordado en los 30 años que durará el acuerdo; y los costos de sepultación que tiene el cementerio N° 3 son mayores a los ingresos que se generan por ese rubro.
Además, la Corporación Municipal de Valparaíso perpetuamente tendrá que absorber los gastos de mantención y riego del parque, toda vez que el cobro de estos son a beneficio del concesionario, lo cual no se ajusta a los anotados principios de eficiencia, eficacia y buena administración, correspondiendo que el alcalde Jorge Sharp, como presidente de la Cormuval; y dicha Corporación, arbitren las medidas que sean necesarias para regularizar los hechos descritos.
Otra situación detectada por Contraloría dice relación con que ninguno de los tres cementerios porteños fiscalizados, ni sus mausoleos, nichos y/o calles disponen de autorización sanitaria, situación que contraviene lo prescrito en los artículos 3° y 13º del decreto N° 357, de 1970, por lo que corresponde que se efectúen las acciones que deriven en la corrección de este hecho.
Además, se detectaron falencias tanto en el "Registro de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria" como en el "Registro de exhumaciones y traslados internos y a otros cementerios". En relación al primer punto, éste lisa y llanamente no aparece en los cementerios 1, 2 y 3, ya que "no disponen" de él, según estableció el órgano contralor. En cuanto al segundo punto, sólo se consignan los casos por los cuales existe un pago asociado a dicho servicio, lo cual "no se ajusta a lo establecido en el N° 5, del artículo 46, del Reglamento General de Cementerios.
También se encontraron debilidades en el sistema de control horario del personal de los cementerios 1 y 2, que se efectúa mediante libros.
En el plano financiero, se ordenó a la Corporación Municipal de Valparaíso que clarifique una situación en torno a conciliaciones bancarias de dos cuentas corrientes que, al 30 de noviembre de 2018, presentan diferencias no aclaradas por $18.885.401 y $3.617.0.06, respectivamente.
A estas situaciones detectadas, se suman problemas relacionados a la existencia de basura domiciliaria; a la bodega de maquinarias donde, además, se guardan bolsas con osamentas humanas; y al perímetro del cementerio N° 3, en Playa Ancha, que no se encuentra totalmente cerrado. Por todo esto, Cormuval deberá adoptar medidas para corregirlo.
En relación a la cuenta "Deudores por Venta" que, al 31 de diciembre de 2017, incluye deudores que tienen más de cinco años de antigüedad, personas que se encuentran fallecidas y algunos casos en que el nombre del deudor, de acuerdo a su cédula de identidad, no coincide con el que se registra en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Al respecto, se le ordenó agotar todas las instancias de cobro.
Un hecho no menor que sale a la luz con este informe de Contraloría dice relación con un aspecto detectado en el ítem "Gastos de transporte". En las rendiciones de cuentas mensuales, efectuadas por la Dirección de Cementerios a la Cormuval, se incluyen gastos por concepto de movilización asociados a plataformas como Uber y Cabify, por la suma de $159.061.
Según el documento de Contraloría, quienes hicieron uso de este servicio fueron, principalmente, Cristina Guerra Pizarro y Verónica Paiva Moscoso, directora y subdirectora de la Dirección de Cementerios de Valparaíso, respectivamente.
Al respecto, el gerente general de la Cormuval, Marcelo Garrido, señaló que "se agotarán todas las medidas necesarias para perseguir el pago de los créditos adeudados, se dispondrán mejores controles y se mejorará el sistema de contabilización de operaciones".
Cabe señalar que por medio de dos oficios, emitidos por Contraloría el 10 de junio, se puso en conocimiento de todos estos hechos, tanto al alcalde Jorge Sharp como al gerente general de la Cormuval, Marcelo Garrido, con la finalidad de que en un plazo de cinco días hábiles formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran. No obstante, la respuesta sólo llegó desde el titular de la Corporación Municipal.
PURANOTICIA
