Concejal Sandro Puebla (IND-PS) llamó a sus pares a "cuidar los recursos de todos los viñamarinos" y "dar una señal de transparencia a la comunidad" de que no se repetirán los errores del pasado.
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"La urgencia no justifica el elevado sobreprecio que se pretende pagar". Con estas palabras, el concejal independiente pro Partido Socialista (IND-PS), Sandro Puebla Veas, manifestó su oposición a la propuesta de la administración de Macarena Ripamonti Serrano al mando de la Municipalidad de Viña del Mar, de firmar un contrato, vía trato directo, con la empresa Ingesmart S.A. para que se haga cargo del servicio de 36 cámaras de televigilancia en la comuna.
Para comprender el origen del asunto, hay que remontarse al 22 de julio de 2021 cuando, cansados de los problemas que presentaban las cámaras como imposibilidad de captar rostros o identificar patentes, el Concejo Municipal decidió terminar el contrato con Global Link Chile S.A., empresa que estuvo a cargo -vía trato directo con la administración de Virginia Reginato Bozzo- de las cámaras de televigilancia de la comuna por más de 10 años.
Un día después de esta decisión, la administración tomó dos decisiones importantes en la materia: subir una convocatoria para la contratación del «Servicio Arriendo de Cámaras de Televigilancia, Instalación, Implementación y Mantención en diversos sectores de Viña del Mar», por la cantidad de 122 cámaras de televigilancia y; de manera provisoria, acordar la contratación, vía trato directo, de una empresa que pudiera entregar el servicio con 36 cámaras, con el objetivo de no dejar a la comuna sin estos importantes elementos que estaban en manos de Global Link Chile S.A..
En la búsqueda de una empresa que pudiera entregar este servicio por un período de cinco meses (hasta enero de 2022), se hicieron cotizaciones con cinco firmas dedicadas al rubro, de las cuales sólo tres respondieron. Importante es mencionar que la oferta de Ingesmart S.A. no fue la más baja de las que se cotizaron, tal como se puede apreciar en este cuadro.
De esta manera, con todos los antecedentes a disposición de la Municipalidad de Viña del Mar, fue finalmente la propuesta de Ingesmart S.A., que también trabaja con el Gobierno en el plan «Calle Segura», la que más satisfizo a la administración municipal, contemplando un gasto mensual que bordea los $28 millones ($27.993.628).
Es justamente esto lo que no gustó al concejal Sandro Puebla, quien tras analizar en detalle la propuesta municipal, comunicó que le bajaría el pulgar a la iniciativa.
"Quiero pedirle su intervención personal a la Alcaldesa en lo que dice relación con la propuesta que nos ha hecho llegar de contratar directamente a una empresa para arrendar y mantener 36 cámaras de televigilancia en la comuna a un costo de $27 millones mensuales por cinco meses, en atención a que en la licitación pública del servicio por arrendar y mantener 122 cámaras, que se abrió hoy, las ofertas están en el rango de los $27 millones a $35 millones mensuales, y se toman plazos más acotados que cinco meses para instalarlas", indicó.
El edil independiente pro PS continuó indicando que "creo que la urgencia no justifica el elevado sobreprecio que se pretende pagar. Debemos cuidar los recursos de todos los viñamarinos y debemos dar una señal de transparencia a la comunidad de que no repetiremos los errores de la administración anterior que, muchas veces, justificándose en las necesidades de la comunidad, malgastó recursos municipales".
En concreto, Puebla sostiene que la administración Reginato pagaba un monto similar a los casi $28 millones, pero por un servicio de 122 cámaras, aunque muchas de ellas no cumplieran su objetivo primordial, tal como lo reconoce el propio edil. Además, su rechazo a la iniciativa municipal lo argumentó contemplando que este miércoles 1 de septiembre se cerró el plazo para presentar ofertas en la licitación del servicio permanente de cámaras de televigilancia para Viña del Mar, por un período de tres años.
Por todo ello, propuso a la autoridad frenteamplista que retire la propuesta de contratar directamente un servicio de televigilancia por cinco meses, ya que "es evidente el sobreprecio que se pagará"; que instruya a los equipos municipales que "revisen y evalúen la licitación pública en curso", de manera que se adjudique a la brevedad y se pueda implementar en un plazo acotado como varias empresas están proponiendo; y que se refuerce la estrategia de labores de vigilancia con Carabineros, mientras el nuevo sistema de televigilancia no está instalado.
PURANOTICIA
