Investigación apunta a dos abogados y un arquitecto del Serviu Valparaíso, los que habrían realizado esta irregular acción durante el año 2017.
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Un procedimiento administrativo ejecutado el año 2017 por un funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso permitió detectar el otorgamiento de ocho parcelas del loteo irregular "Aurelio Catalán", de Algarrobo, a particulares.
La acción llevada a cabo por el trabajador se realizó durante una serie de trámites que tenían como objetivo legalizar terrenos, y que incluyeron la revisión de una carpeta que reveló esta situación, según consigna radio Biobío en un reportaje publicado en su sitio web.
La información señala que una vez avanzada la investigación respectiva, se percataron que algunos de los beneficiados ni siquiera se encontraban vivos al momento de la asignación de los terrenos. Además, ninguno demostró ser heredero de alguien que hubiera participado en el proceso.
Así fue como también se estableció que en 2015, por medio de diversas resoluciones, el Serviu Valparaíso dividió y repartió el terreno, tras haberlo expropiado a un particular.
El reportaje manifiesta también que quienes recibieron las tierras eran amigos y familiares de altos funcionarios de la Unidad de Regularización de Loteos Irregulares (URLI) del Serviu de la región de Valparaíso.
Cabe indicar que estos terrenos se encuentran ubicados a unos 400 metros de la playa y a algunos pasos de la ruta que conecta con el exclusivo condominio San Alfonso del Mar. ¿Su valor? Superaba los $481 millones, en un área cuya plusvalía aumenta con los años.
Radio Biobío también da cuenta que quienes aprobaron y legalizaron la documentación irregularmente, sin que nadie se diera cuenta de lo ocurrido, fueron los abogados Juan Toro Garrido y Carolina Morales, además del arquitecto Eduardo Sandoval, quienes trabajaban en Serviu Valparaíso.
Una vez detectada la irregularidad, el Servicio de Vivienda y Urbanización presentó una querella por fraude al Fisco y estafa calificada, acción que se llevó a cabo el año 2017 en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la cual apuntaba a los tres funcionarios en cuestión, además de todos quienes resulten responsables de lo ocurrido.
Pese a que la denuncia fue efectuada hace dos años, que el caso está en poder del Ministerio Público y que este 2019 fue asignado a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), actualmente no hay personas formalizadas.
Finalmente, acerca de los tres trabajadores presuntamente involucrados en el hecho, Serviu Valparaíso inició un sumario administrativo. No obstante, no dio resultados positivos, ya que los dos abogados habían renunciado y el arquitecto trabajaba con honorarios.
PURANOTICIA
