En plena pandemia del Coronavirus y tras una denuncia realizada el órgano contralor realizó una acuciosa investigación a los "certificados" emitidos por el municipio encontrando una serie de inconsistencias.
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El uso de las denominadas segundas viviendas se ha transformado en un constante dolor de cabeza para la comuna de Zapallar desde el inicio de la pandemia del coronavirus Covid-19. Entre marzo y abril, incluso hubo reportes de personas, principalmente vecinos de la zona oriente de la región Metropolitana, que hasta en helicóptero llegaron a esta zona costera de la región de Valparaíso, a modo de evitar la por entonces incipiente cuarentena, hechos que escalaron a una investigación del Ministerio Público, con respectivos condenados.
Fue bajo este contexto que el abogado Pablo Corvalán Alvarado acudió a Contraloría para denunciar al alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán por haber, supuestamente, otorgado y firmado certificados que acreditan la residencia permanente en esta comuna, a personas y grupos familiares de otras localidades del país, con el objetivo de facilitarles su desplazamiento en el marco de las medidas de cuarentena y cordones sanitarias impuestos por el Ministerio de Salud para evitar los contagios por Covid-19.
Cabe recordar que dichas medidas interpuestas por la autoridad sanitaria generaron una gran cantidad de operativos de fiscalización, los que tenían como objetivo evitar el paso de personas provenientes de otras regiones hacia la de Valparaíso y que significaron sendas multas por incumplir lo señalado, hecho que incluso afectó al actor Matías Assler, quien fue sorprendido el pasado 11 de abril transitando rumbo hacia la localidad de Cachagua, comuna de Zapallar, desde la región Metropolitana, que por entonces tenía a seis ciudades en cuarentena.
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Tras esta denuncia, la Municipalidad de Zapallar explicó al órgano fiscalizador que acordó con dirigentes de clubes deportivos, centros de madres, clubes de adulto mayor, juntas de vecinos, comités de adelantos, entre otras organizaciones comunitarias, que no se reunieran las asambleas ni sus directivas, y así evitar cualquier contacto social, con el objetivo de proteger su vida y la de sus familias.
De igual manera, la casa edilicia añade en su respuesta que teniendo en cuenta la imposibilidad de las juntas de vecinos de emitir los correspondientes certificados de residencia, la inexistencia de una notaría y el hecho de que las oficinas del Registro Civil e Identificación se mantuvieron cerradas durante los primeros tres meses de la pandemia, entre otras situaciones, el Municipio se vio en la necesidad de otorgar certificados de residencia.
El último argumento esgrimido por el órgano liderado por Gustavo Alessandri indica que las personas a las cuales se les otorgaron los certificados "comprobaron ser residentes permanentes de la comuna", mediante la exhibición de contratos de arriendo, recibos de pagos de servicios básicos, comprobante de matrícula de sus hijos en establecimientos educacionales de la comuna y certificados de dominio vigente de su bien inmueble, entre otros antecedentes que fueron enviados a la Contraloría General de la República.
Tras la investigación, la Contraloría General de la República constató que el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, entre el 25 de marzo y el 9 de abril de 2020, entregó 18 certificados de residencia, que abarcaron a 52 personas, varios de estos certificados eran entregados a un grupo familiar completo, ahí se entiende que si bien se habla de 18 certificados en total beneficiaron a 52 personas.
Esto, a pesar que el 22 de marzo, la Subsecretaría de Salud Pública dispuso que los habitantes del país deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual, prohibiendo, en consecuencia, el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual. Del mismo modo, dicha resolución añade que quienes se encontrasen fuera de su residencia habitual, debían retornar a más tardar el día 24 de marzo de 2020.
Además, tras hacer revisión de los registros dispuestos por el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web, el ente fiscalizador advirtió que 11 de las 52 personas beneficiadas con los certificados firmados por el jefe comunal registraban circunscripción en otras localidades, tanto del país como incluso del extranjero: tres en Vitacura, cuatro en Las Condes, una en Lo Barnechea, una en San Fernando, una en Puchuncaví y una en Madrid, España.
Junto a esta situación, se logró establecer que hay seis menores de edad incluidos en los certificados firmados por Alessandri, de los cuales la Municipalidad de Zapallar no adjuntó antecedentes que acrediten sus matrículas en instituciones educacionales de la comuna, como lo plantea la entidad edilicia en la respuesta entregada a Contraloría en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia.
Frente a esta grave irregularidad cometida por el alcalde Gustavo Alessandri, la Contraloría recordó que los órganos del Estado, como los Municipios, "deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley", sin que puedan atribuirse, ni siquiera bajo circunstancias extraordinarias -como la emergencia sanitaria-, otra autoridad o derechos".
Por ello, concluyeron que la actuación de la Municipalidad de Zapallar no se ajustó a derecho, debido a que "no posee las atribuciones para emitir certificados de residencia, debiendo, en lo sucesivo, abstenerse de realizar actuaciones como las descritas" en el documento que da cuenta de lo ocurrido en el marco de las segundas viviendas.
Por último, considerando que las 52 personas beneficiadas con los permisos firmados por el jefe comunal aportaron antecedentes que no permiten acreditar con certeza que residen habitualmente en la comuna de Zapallar y que, además, contaban con información que los vinculaba a otras comunas de otras regiones, Contraloría remitirá el oficio a la Fiscalía Local de Valparaíso para que emita un pronunciamiento sobre eventuales infracciones a lo dispuesto en el artículo 212 del Código Penal.
PURANOTICIA
