Entre lo objetado por la Contraloría figura que en 2018 y 2019 la Municipalidad de Isla de Pascua contrató personas a honorarios por $35.251.495 y $87.598.345, respectivamente, pero no se pudo acreditar la prestación de los servicios.
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Pagos y contratos irregulares, además de fallas en la gestión administrativas de la Municipalidad de Isla de Pascua ,fueron detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en las fiestas Tapati Rapa Nui entre 2018 y 2019.
Entre lo objetado por la Contraloría figura que en 2018 y 2019 la Municipalidad de Isla de Pascua contrató personas a honorarios por $35.251.495 y $87.598.345, respectivamente, pero no se pudo acreditar la prestación de los servicios.
Se suma además el desembolso de $9 millones en una prestación, que según el documento de la Contraloria, no contaba con los informes de actividades efectuadas.
La construcción del escenario para los festejos también fue objeto de observaciones por parte del organismo fiscalizador. En 2018, el contrato por $14.600.000 con la empresa encargada de montar dicha infraestructura se efectuó sin licitación. Un año más tarde, se utilizó una modalidad similar para un monto de $16 millones.
Respecto de este punto, la Contraloría observó la utilización de trato directo. El municipio argumentó que se usó este mecanismo debido a la urgencia y cercanía de la fecha en que se realizaría el Tapati.
Ante ello, la Contraloría advirtió que "los antecedentes de respaldo no evidencian las circunstancias o características que determinan la calificación, de emergencia, urgencia o imprevisto, toda vez que la celebración se efectúa todos los años en la misma época", por lo tanto, agrega que las gestiones de la entidad edilicia "no se ejecutaron con la antelación necesaria".
Igualmente, se constató que el alcalde de Isla de Pascua aprobó una contratación vía trato directo y los pagos por combustible para los vehículos utilizados durante dichas festividades, a un proveedor cuyo socio principal es familiar del edil. En este ítem el municipio gastó $107.898.132 en total ($9.229.041, en 2018; y $98.669.091, en 2019).
La Contraloría, conjuntamente, advirtió que el municipio gastó $1.720.500 en prestaciones de servicios, cuyos pagos fueron visados por funcionarios que, a su vez, eran los mismos proveedores; y se acreditó la existencia de adquisiciones fragmentadas por $75.545.520.
Otra falencia detectada en la investigación da cuenta que el municipio no incorporó en su presupuesto los aportes recibidos de privados para la realización de las fiestas de ambos años. Estos montos consideran $94.731.630 en 2018 y $88.000.000 en 2019, además del aporte municipal por $90 millones.
Por último, el documento señala que la municipalidad no tiene un libro donde lleve el control de los sumarios que ha iniciado, no mantiene registro actualizado de los bienes de uso adquiridos y no cuenta con manuales que regulen ni controlen los procesos y documentos vinculados a las festividades.
El informe también abarca irregularidades producidas en la Dirección de Control de la municipalidad. Entre ellas, figura que el nombramiento del director de control no cumplió con las exigencias establecidas en la ley, ya que el funcionario no se encontraba al tope de la planta y porque tampoco se efectuó la comparación con los empleados que pertenecían a la planta en 2016.
Además, se determinó que en una oportunidad no se acreditó que el director de control haya vuelto a sus funciones luego de cumplir un cometido funcionario mandatado por el alcalde. Tampoco se justificaron ausencias que registra este funcionario, ni la secretaria municipal.
Asimismo, la municipalidad no pudo acreditar respaldos por el gasto en pasajes aéreos para el este funcionario por un total de $1.146.183.
El informe también detectó debilidades en la gestión municipal, donde se detalla que cinco funcionarios municipales que se encontraban con licencia médica y reposo total, registraron viajes fuera de la isla.
Junto con ello se estableció que los funcionarios que trabajan en el municipio no registraron su jornada laboral de forma diaria en el medio de control con que cuenta la entidad edilicia.
Otro ítem constatado señala que hay 273 contribuyentes –informados por el SII- que no están registrados ni identificados por el municipio, pese a que están exentos del pago por concepto de patentes municipales.
PURANOTICIA
