La imputada, utilizó los certificados para presentarse a candidata al cargo de consejera regional en agosto de 2017 ante el Servel, en la circunscripción provincial del Huasco.
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El Juzgado de Garantía de Vallenar dejó con arraigo nacional y prohibición de acercarse y establecer cualquier forma de comunicación con dos testigos de la causa, a la consejera regional de Atacama Rebeca Magaly Torrejón Sierra, imputada como autora de los delitos consumados de uso malicioso de documento público, perjurio y obtención fraudulenta de remuneraciones, cometidos en 2017.
En audiencia de formalización, el magistrado Daniel Herrera Marín desestimó la solicitud de la fiscalía de decretar el arresto domiciliario de la imputada por estimar que las medidas cautelares impuestas permiten asegurar los fines del procedimiento. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
Según la fiscalía, durante 2017 Torrejón Sierra concurrió al liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar para solicitar a una funcionaria del establecimiento certificados de estudios de cuarto año de enseñanza media, logrando la licencia de enseñanza media y certificado anual de estudios, documentos ideológicamente falsos, debido a que la imputada nunca aprobó el cuarto medio en dicho liceo en 1975.
La imputada, según la fiscalía, utilizó los certificados para presentarse a candidata al cargo de consejera regional en agosto de 2017 ante el Servel, en la circunscripción provincial del Huasco.
Además, acompañó una declaración jurada ante notario, como exige la ley, en la cual consignaba cumplir con los requisitos constitucionales y legales, y no estar afecta a las inhabilidades para postular al cargo de consejera regional, pese a no cumplir con dichos requisitos.
Torrejón Sierra resulto electa consejera regional por la circunscripción provincial del Huasco, percibiendo desde su nombramiento y en su calidad de funcionaria pública, por concepto de pago de dieta entre marzo de 2018 y agosto de 2020 la suma de $45.679.136.
El fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi, indicó que se pudo establecer que en 1975, fecha en que la imputada documentó haber cursado cuarto medio, efectivamente asistió al liceo, pero como parte del primer año medio. Mientras que en 1977, la consejera investigada cursó y reprobó el tercer año de enseñanza media.
PURANOTICIA
