Se trata del Administrador Municipal, el Director de Administración y Finanzas, y otro funcionario que fue quien generó una mayor cantidad de informes para efectuar el fraude, los cuales fueron condenados por el Juzgado de Garantía de La Ligua.
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A 10 años de ejecutados los primeros delitos y a seis años de realizada la primera denuncia por estos ilícitos, finalmente el Juzgado de Garantía de La Ligua condenó a tres de los nueve imputados por un bullado caso de fraude al Fisco que afectó a la Municipalidad de Papudo entre los años 2011 y 2014, y que tuvo a importantes funcionarios municipales como sus principales responsables, según lo estableció la misma justicia.
De esta manera, el administrador municipal, Wilson Astudillo Tapia; el director de Administración y Finanzas, Cristóbal Jaque Vargas; y el secretario municipal, Alejandro Osorio Martínez, fueron condenados a 270 días de presidio en su grado mínimo, suspensión del cargo mientras dure la condena y el pago de una multa al fisco correspondiente al 10% del monto defraudado.
Respecto de los otros seis imputados, el Ministerio Público indicó que tuvieron la suspensión condicional del procedimiento por un año, tiempo en que deberán hacer devolución del monto defraudado.
Según los antecedentes de la investigación, un vecino de Papudo acudió hasta la Contraloría Regional de Valparaíso en agosto del año 2015 para denunciar una serie de supuestas irregularidades que se habrían cometido al interior de la Municipalidad.
El denunciante mencionó en aquella oportunidad que funcionarios de planta de aquella casa edilicia habían sido contratados bajo la modalidad de honorarios, lo que, a su parecer, no se ajustaba a la legalidad y podría constituir el pago de un sobresueldo.
Y es que según se indica en la indagatoria iniciada en ese momento por la Contraloría Regional de Valparaíso, los funcionarios habrían entregado informes utilizando textos de páginas web, los cuales fueron copiados y pegados de forma textual y sin la debida autorización de sus autores o sin hacer referencia a los mismos.
Con esta información, el ente que fiscaliza a los organismos e instituciones del Estado dio inicio a un juicio de cuentas, con el objetivo de que se devuelvan los montos pagados por los informes y, además, se establezcan las responsabilidades civiles de las personas que fueron los autores del ilícito.
Con los antecedentes ya en el Ministerio Público, la causa fue derivada a la Unidad Regional Anti-Corrupción (URAC) de Valparaíso, que denominó el caso como «Copy-paste», y que, tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se dio inicio a la formalización de los imputados en junio de 2018, por el delito de fraude al Fisco, por un monto que alcanzaba los $96 millones.
De acuerdo a la investigación, los funcionarios municipales de Papudo se pusieron de acuerdo con otros para contratar como trabajadores a honorarios a una serie de funcionarios que ya estaban cumpliendo labores, como planta o contrata, al interior de la casa edilicia y, de esta manera, obtener más dinero provenientes de la entidad administrada en ese entonces por la alcaldesa Rosa Prieto (RN), quien también fue citada a declarar.
En la mayoría de las ocasiones -según indica la acusación- esta acción se ejecutaba mediante servicios o labores que ni siquiera llegaban a concretarse, las cuales incluso contaban con la aprobación de decretos alcaldicios, firmados por la mencionada Rosa Prieto, alcaldesa de Papudo entre diciembre de 2000 y junio de 2021.
Al respecto, la fiscal Marisel Correa, de la Unidad Regional Anticorrupción, comentó que este caso "surge el 2015 a partir de un informe de Contraloría que se realiza en la Municipalidad de Papudo, donde se detecta que una serie de funcionarios, que están de acuerdo con el administrador minicipal, generan sistemas de trabajo a partir de informes de honorarios, los cuales psoteriormente se determina que esos servicios no son prestados".
Tras corroborados los hechos, la persecutora indicó que "se ofrece a seis de los imputados una suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa distinta al término normal, que es un juicio oral, con la condición que deben devolver el 100% de lo defraudado".
Respecto de los otros tres imputados, la fiscal Correa explicó que se someten a las reglas de procedimiento abreviado, donde aceptan los hechos que son materia de la acusación fiscal, a partir de lo cual "el Juzgado de Garantía de La Ligua los condena a cada uno a 270 días, que se cumplen mediante una pena sustitutiva, que es la remisión condicional de la pena, una multa del 10% de lo defraudado, como también la suspensión del cargo mientras dure la condena".
"Estamos contentos con los resultados obtenidos, puesto que estamos frente a un delito de fraude al Fisco, una figura pluriofensiva que afecta la confianza en la administración del Estado y porque entendemos que este tipo de sanciones permite un correcto funcionamiento de la administración y permite, en definitiva, a la Fiscalía, dar la confianza a todos los ciudadanos en relación a erradicar este tipo de conductas al interior del sistema público", concluyó la persecutora.
PURANOTICIA
