Este martes 6 de octubre serán formalizados por fraude al Fisco Pablo Staig, ex Director (s) de Administración y Finanzas; Manuel Echeverría, director de Finanzas; y Javier Garrido, contador de Remuneraciones.
visitas
Fue el año 2012 cuando se inició un largo proceso judicial en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, a raíz de una querella criminal presentada por el abogado Javier Gómez, presidente de la Fundación Viña Transparente, por la cantidad de horas extras pagadas a funcionarios de aquella casa edilicia, y que este martes 6 de octubre tendrá un importante hito, cuando sea formalizado uno de los directores de más confianza de Virginia Reginato, como lo es Pablo Staig Araujo, ex Director (s) de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; además de Manuel Echeverría León, director del Departamento de Finanzas; y Javier Garrido Vasquez, contador de la Sección de Remuneraciones.
El objetivo de la querella presentada hace ocho años atrás tenía como objetivo que se investigaran presuntos delitos cometidos entre el 2010 y aquel año en curso, además de eventuales hechos que se siguieran cometiendo durante el periodo de investigación. Luego, vinieron los informes de Contraloría, donde no sólo se detectó un millonario déficit en las arcas financieras de la Municipalidad de Viña del Mar, sino que también se estableció que la casa edilicia administrada por la alcaldesa Virginia Reginato pagaba grandes sumas de dinero por concepto de horas extras.
En base a esta larga investigación, y con el objetivo de que tanto los intervinientes como los imputados cuenten con todos los antecedentes disponibles, el abogado Javier Gómez pidió la realización de una audiencia de cautela de garantías para evitar la estrategia que -acusa- estaría tramando el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), junto a los tres formalizados del caso.
El presidente de la Fundación Viña Transparente, a través de un documento presentado ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, señala que "en este acto vengo en solicitar se realice conjuntamente, pero de manera previa, audiencia de cautela de garantía a favor de los imputados, a fin de evitar ulteriores nulidades y con la finalidad de que la formalización, o acusación lato sensu, sea detallada como ordena el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que los intervinientes, pero especialmente los imputados, cuenten con toda la información, a fin de realizar una adecuada justa y racional defensa".
Cabe indicar que esta arista de la investigación al Municipio que lidera Virginia Reginato dice relación con -según lo planteado por el Consejo de Defensa del Estado- el "actuar conjuntamente, con el fin de autorizar el pago de horas extras proporcionales, a favor de casi la totalidad de los funcionarios de planta y contrata" de la casa edilicia viñamarina, hecho por el cual se encuentran dos directivos en calidad de imputados, al igual que un funcionario, quienes serán formalizados por fraude al Fisco durante horas de la mañana de este martes 6 de octubre en el tribunal local.
No obstante a este proceso, que era largamente esperado por los intervinientes, el querellante Javier Gómez planteó sus reparos referidos a que "se restrinja la comisión de los ilícitos y, por ende, los montos defraudados, al período de 2014 y 2015, cuando este mismo querellante interpuso querella el año 2012 por fraude al Fisco, vía maquinación horas extras, por los años 2010, 2011 y 2012, de donde nace el informe de Contraloría 438 de 2015, que constata la defraudación del año 2010 en adelante. Lo mismo hace el informe de seguimiento del año 2016, del ente Contralor Regional; y de lo mismo da cuenta el informe 577, del año 2018, del ente Contralor, existiendo solución de continuidad en los ilicitos desde el 2010 al 2018, acreditados por informes de Contraloría, y que posterior a este último se han seguido cometiendo".
Esta situación, según advirtió el profesional, da cuenta de la existencia de delitos cometidos mes a mes, vale decir un delito reiterado, lo que implica una agravación en la pena. Por tanto, expone que en el caso de Pablo Staig y Manuel Echeverría, el delito se ha cometido unas 130 veces, es decir, 12 por mes. Además, sacó a colación el tema de la prescripción, explicando que los delitos cometidos hace cinco o más años atrás, desde la presentación de la querella, no se encuentran prescritos y se reunueva el plazo mes a mes, producto de la comisión de un nuevo delito.
"Todo lo anterior incide en el monto de la defraudación, pues si consideramos que la defraudación mensual es aproximadamente de $2 millones de sobresueldo y los delitos han sido cometidos 130 veces, la defraudación por cada uno de los delincuentes es de al menos $260 millones per capita; lo que suma sólo entre los tres imputados, la suma no menor de $780 millones, pudiendo ser individualmente considerados los perjuicios mayores aun para el Municipio", indica Gómez en el texto presentado ante el Juzgado. Producto de lo anterior, indica que "esta parte rechaza del todo el monto fijado arbitrariamente por el Consejo de Defensa del Estado como cuantía del perjuicio, sin fijar bases ni circunstancias de la defraudación total entre los tres imputados de 50 millones de pesos, lo que claramente beneficia a los imputados de manera indebida, y el Consejo, actúa yendo contra su objeto, que es defender los intereses Fiscales".
En conversación con Puranoticia.cl, Javier Gómez manifiesta que "aquí, claramente, lo que se está haciendo por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado es bajar los montos para que baje la pena. Entonces yo les estoy echando a perder su estrategia de impunidad que continúa operando. Yo les digo que también estoy defendiendo el derecho de los propios formalizados, porque ellos deben tener toda la información, porque si no están los antecedentes completos, el imputado no se puede defender. Por eso va la cautela de garantías, donde digo 'garantíceles un justo y debido proceso a los imputados, que para defenderse tienen que tener todos los antecedentes sobre la mesa'".
Si se sigue el mismo patrón que el llevado a cabo por Contraloría, que habla de $2 millones mensuales que se autopagaban en exceso, el monto total da la suma de $260 millones por cada uno de los tres funcionarios imputados en el caso «Horas Extras», lo que da un total de $780 millones. No obstante, "el Ministerio Público no señala el monto, pero quien lo hace es el CDE, que habla de $50 millones, aunque sin especificar si es por cada uno o de los tres imputados", según indicó el querellante en el documento de seis páginas presentado ante el Juzgado de Garantía.
En base a todos estos antecedentes, el abogado precisa que si el fraude excede las 400 UTM, se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, por ende "les correspondería a los imputados una pena de presidio que va entre 5 años y un día a 10 años. Es decir, le corresponde una pena de crimen". Esto, teniendo en cuenta el monto total permitido defraudar al Municipio de Viña del Mar por concepto de horas extras y porque la pena se gradúa en el delito de fraude al Fisco según el monto del mismo y el perjuicio irrogado, tal como lo indica el Art. 239, inciso 3º, del Código Punitivo.
Es más... según Javier Gómez, la pena podría llegar incluso hasta los 15 años, considerando un "posible aumento de la pena base recién señalada, que podría aumentar por la clara concurrencia de al menos cinco agravantes", como cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro; cometer el delito con abuso de confianza; prevalerse del carácter público que tenga el culpable; ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad y; ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones.
A modo de conclusión, el abogado explicó que todos los elementos faltantes en la formalización son elementos fundamentales para la determinación de la pena del delito, por ende, "un elemento fundamental para determinar la peligrosidad de los imputados", lo que será relevante para determinar la procedencia de imposición de medidas cautelares de mayor o menor intensidad. De igual forma, aseguró que ésta es información fundamental, que dan sustento a la acusación respecto de la existencia del ilicíto y la participación de los imputados en los mismos.
Cabe precisar que este martes, en el marco de la audiencia de formalización, también se revisará el plazo de la investigación y las eventuales medidas cautelares con las que quedarán los tres imputados, instancia ante la que el querellante solicitará la prisión preventiva, "que es la medida cautelar más intensa, porque estimamos alta la peligrosidad en estas personas. Esto deriva en que al estar incompleta faltan antecedentes, que cuando los completas te das cuenta que la penalidad que les corresponde es muy alta, porque en el fraude al Fisco la penalidad se determina de acuerdo al monto defraudado".
Fue el mismo Javier Gómez quien presentó el 2018 una querella criminal por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que fue investigado por la Unidad Regional Anti Corrupción (URAC) de Valparaíso. A juicio del querellante, la indagatoria avanzaba lentamente, razón por la que solicitó una copia de la carpeta investigativa. Es en esta instancia donde se percata que la alcaldesa Virginia Reginato presenta un escrito firmado por ella misma el año 2019, el que contenía un exhaustivo análisis de la querella y de informaciones propias de la carpeta investigativa. Además, el abogado querellante asegura que a la Alcaldesa de Viña del Mar se le habría permitido acompañar cuatro archivadores, de carácter documental, cuyos antecedentes buscarían desvirtuar el material incriminatorio de dicha carpeta.
Fue en base a la denuncia de estos hechos que el abogado y presidente de Fundación Viña Transparente interpuso una nueva querella criminal, esta vez en contra del fiscal Claudio Rebeco Muñoz, y contra todos quienes resulten responsables del delito de violación de secretos y delito informatico; y en contra de la alcaldesa Reginato por obstrucción a la investigación.
PURANOTICIA
