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Caso «Horas Extras»: Con firma quincenal quedan dos altos directivos municipales de Viña tras formalización por malversación de caudales públicos

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Se trata de Pablo Staig, ex Director (s) de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; y de Manuel Echeverría, director del Departamento de Finanzas; además de Javier Garrido, contador de la Sección de Remuneraciones.

Caso «Horas Extras»: Con firma quincenal quedan dos altos directivos municipales de Viña tras formalización por malversación de caudales públicos
Martes 6 de octubre de 2020 10:43
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En el marco de la arista «Horas Extras» pagadas por la Municipalidad de Viña del Mar a algunos funcionarios, este martes se llevó a cabo la formalización de cargos en contra de dos altos directivos, y cercanos a la alcaldesa Virginia Reginato, además de un contador, por la presunta responsabilidad que les cabe en el delito de fraude al Fisco.

Se trata de Pablo Staig Araujo, ex Director (s) de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; y de Manuel Echeverría León, director del Departamento de Finanzas; además de Javier Garrido Vasquez, contador de la Sección de Remuneraciones.

Durante horas de la mañana de este martes 6, y presidida por la jueza Aída Torres Salgado, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar formalizó a los tres funcionarios por el delito de malversación de caudales públicos, estableciendo como plazo de investigación 150 días.

LEER TAMBIÉN: Caso «Horas Extras»: Funcionarios municipales de Viña serán formalizados por fraude al Fisco de sólo $50 millones y no por el total denunciado por querellante.

En ese sentido, y a pesar que la parte querellante solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal viñamarino decretó la firma quincenal para Pablo Staig Araujo y Manuel Echeverría León; firma mensual para Javier Garrido Vásquez; y arraigo nacional para los tres funcionarios municipales formalizados por el Ministerio Público como autores del delito.

Cabe recordar que en las horas previas a la audiencia de formalización, el abogado querellante, Javier Gómez, solicitó una audiencia de cautela de garantías, con el objetivo de que todas la partes cuenten con la totalidad de los antecedentes investigados.

Esto, porque el profesional indicó que el monto señalado por el Consejo de Defensa del Estado, querellante del caso, era sólo de $50 millones; mientras que el monto defraudado ascendería a los $780 millones, acusando en este punto al Ministerio Público de sólo contar lo ocurrido entre el periodo 2014-2015, y no desde el 2010, como lo solicitó Javier Gómez en su querella presentada el año 2012.

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