La audiencia donde se revisaría la inhabilitación de funciones que pidió el Ministro que investiga los casos de violaciones a los Derechos Humanos, fue suspendida porque una de las juezas se inhabilitó.
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El 31 de agosto de 1989, el estudiante de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, Marcelo Barrios Andrade fue acribillado a las afueras de su domicilio en un enfrentamiento con una patrulla de efectivos militares. Esa patrulla estaba liderada por el entonces Capitán de la Armada Sergio Chiffelle Kirby.
Chiffelle, había ingresado a la Escuela Naval en 1970; en 1975 fue destinado al buque escuela Esmeralda, y en 1976, hizo el curso de comando en la Escuela de Infantería de Marina; luego, el de paracaidismo en el ejército. Entre 1989 y 1991 retornó a la Agrupación de Comandos de Infantería de Marina. En 1992, al acogerse a retiro, comenzó su carrera de derecho en la Universidad Andrés Bello y desde 1996 comenzó a trabajar como procurador en el Juzgado de Colina. Se tituló en 2004 y desde 2005 cumple funciones de procurador en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago, según publicó el clarín.cl en una recopilación del caso .
En 2015 el Ministro Jaime Arancibia, que lleva las causas de Derechos Humanos en Valparaíso, realizó una diligencia en torno a la muerte de Barrios y finalmente decidió someter a proceso a la escuadra de uniformados dirigida por el ex marino a quien el mismo magistrado había solicitado a petición de los querellantes, se le suspendiera de sus funciones como "procurador del número".
La defensa de Chiffelle cuestionó esa determinación y el caso escaló a la Corte de Apelaciones donde se debía desarrollar la audiencia para revisar la inhabilitación, pero la audiencia donde la segunda sala de la Corte de Apelaciones porteña esperaba confirmar esta medida, finalmente se suspendió, según publica radio Biobio.
La razón fue que una de las ministras integrantes de la sala, María Angélica Repetto, manifestó que en su caso en particular, podría generarse un conflicto de intereses ya que reconoció que uno de sus familiares habría tenido un cargo público durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones deberá fijar otra fecha para revisar la inhabilitación.
PURANOTICIA
