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Cárcel de Pisagua volverá a manos del Estado tras compra por $150 millones

Cárcel de Pisagua volverá a manos del Estado tras compra por $150 millones

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El inmueble fue usado como centro de reclusión política en tres ocasiones, siendo la última oportunidad a partir de septiembre de 1973.

Cárcel de Pisagua volverá a manos del Estado tras compra por $150 millones
Martes 27 de agosto de 2019 21:50
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El presidente de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Tarapacá, Luis Caroca, confirmó que la cárcel de Pisagua, usada como centro de detención tras el golpe militar de 1973, volvió a manos del Estado.

Caroca detalló que el proyecto de recuperación nació hace tres años tras un proyecto presentado ante el Consejo Regional de Tarapacá, que en su última sesión aprobó la compra del inmueble por $150 millones monto que fijo la familia propietaria actual del inmueble.

En la actualidad, la compra-venta se encuentra en proceso de escrituración en el Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte.

"Compartimos esta información que es una gran alegría para los ex presos políticos, sus familiares y la comunidad en general, porque este es un tema que concierne a la sociedad chilena en su conjunto", manifestó.

Por su parte, el abogado y dirigente de la corporación, Claudio Vila, dijo que el Estado de Chile continúa en deuda con sus ciudadanos y el pueblo en general; ahora debe mantener su compromiso de hacer de la Cárcel de Pisagua un Sitio de Memoria para que nunca más se vulneren los Derechos Humanos".

Durante su historia la cárcel de Pisagua operó como centro de reclusión política en tres ocasiones, siendo la última oportunidad a partir de septiembre de 1973.

Hasta allá fueron trasladados cientos de detenidos políticos, incluyendo cerca de 50 mujeres.

En el lugar y otros inmuebles que cumplieron el mismo fin, se cometieron una serie de atropellos a los derechos humanos, desde la tortura, hasta los fusilamientos.

Recuperada la democracia y tras el hallazgo de la fosa clandestina, que contenía, a lo menos, los restos de 19 ejecutados políticos, las organizaciones de DD.HH iniciaron una intensa lucha por recuperar el inmueble, que está reconocido como Patrimonio Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, desde el 6 de febrero de 2008.

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