La mujer fungía como encargada de la relación comercial, sosteniendo negocios millonarios desde el 2015, aunque la investigación de la PDI reveló que las actividades comerciales quedaban sólo en el papel, sumando más de mil millones de pesos en perjuicio de sus víctimas.
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La Policía de Investigaciones, a través de las indagatorias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, informó de la detención de una mujer, que operaba como representante legal de la compañía "Minera Cumbres Ltda.", y quien contaba con dos órdenes de detención, una desde el año 2016, por el delito correspondiente a falsificación o uso malicioso de documentos privados y otro encargo por giro doloso de cheques.
La mujer fungía como encargada de la relación comercial, sosteniendo negocios millonarios desde el 2015, aunque la investigación de la PDI reveló que las actividades comerciales quedaban sólo en el papel, sumando más de mil millones de pesos en perjuicio de sus víctimas.
"El trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, nos permitió ubicar y detener a la imputada que permanecía prófuga de la justicia, desde el año 2016. La labor investigativa estableció su responsabilidad en diversos delitos de estafa que fueron denunciados oportunamente y que generaron 2 órdenes de detención en su contra, aunque también tenemos antecedentes de nuevas víctimas", señaló el Subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena.
Según comentó el jefe de la Brideco, la labor de encontrar a la imputada fue una labor compleja, porque la mujer se cambiaba frecuentemente de domicilio y, cuando salía de su residencia, en el sector Milagro 2 de La Serena, los detectives la detienen para detenerla.
"Emitía facturas ideológicamente falsas, para obtener créditos y beneficios económicos en empresas de factoring, pero eran relaciones comerciales fraudulentas, provocando así un perjuicio por más de 680 millones de pesos. De esta misma forma, adulteraba los informes que presentaba en el Servicio de Impuestos Internos para aumentar arteramente el crédito fiscal del I.V.A., rebajando significativamente su carga tributaria, ocasionando un perjuicio fiscal por más de 130 millones de pesos", informó Paz.
La PDI también trabaja en una denuncia de un hombre de la región de la Araucanía que le habría arrendado maquinaria pesada a la empresa de esta mujer, durante el año 2015. La víctima señala que se cumplió mensualmente con el compromiso hasta fines de 2016, pero de ahí nunca más supo de ella, ni de sus máquinas, denunciando un perjuicio económico en su contra, que supera los 260 millones de pesos.
PURANOTICIA
