Socióloga Elizabeth Zenteno afirmó que, si bien es necesario contar con una regularización clara, la iniciativa legal que está en el Senado da un paso atrás en derechos políticos y sociales.
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Un llamado de atención realizó la socióloga y académica de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), doctora Elizabeth Zenteno, quien acusó que el gobierno busca aprobar, con carácter de urgencia, la Ley de Migración y Extranjería, que actualmente se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional, la cual calificó como "hostil" y "restrictiva".
La doctora Zenteno, quien además es coordinadora del Observatorio de Participación Social y Territorio de la UPLA, comentó que esta ley significa un retroceso en muchos de los derechos políticos de los migrantes.
"La ley actual se creó en dictadura y claro que es necesaria actualizarla, porque se requiere una política pública acorde a la realidad de hoy. Sin embargo, este proyecto es un retroceso, porque elimina derechos de los migrantes y coloca trabas administrativas que obstaculizan su mejor bienestar social y mejores condiciones laborales. Definitivamente, es un proyecto de ley hostil y restrictivo", dijo Zenteno.
Desde la perspectiva de la académica esta iniciativa es de carácter discriminatorio, yademás, en su elaboración y discusión, no incluye a las organizaciones migrantes.
Por otro lado, establece que solo después de dos años de vivir en Chile, podrían acceder a los beneficios sociales, lo que perjudica directamente a quienes llegan a nuestro país en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida.
Además de la regularización, la socióloga señaló que gran parte de la población extranjera presenta dificultades para encontrar trabajo, pues muchos de ellos están tramitando su documentación o, derechamente, no la tiene. Esto implica que sólo acceden a empleos precarios e informales, lo que se ha dificultado aún más por efecto de la cuarentena.
"Sin empleo, sin redes de apoyo, la alimentación diaria se vuelve todo un desafío. Por otro lado, algunos migrantes se han visto afectados en cuanto a los arriendos, pues como están sin contrato, tampoco tienen protección ante posibles desalojos, porque no tienen documentos. Entonces, muchas veces acceden al mercado informal de vivienda y quedan expuestos a la voluntad de los dueños. Por esto y más, es necesario una nueva ley que respete sus derechos y que les permita acceder a estos derechos sociales y políticos", dijo la investigadora.
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