Aquellos estudiantes que se atrasen más allá de lo planteado, podrán tener acceso a un crédito especial para continuar estudiando.
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En pleno periodo de conocer el resultado de las postulaciones a las universidades, y en medio de la discusión por la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet, surgen diversas interrogantes, como por ejemplo, qué pasara con las becas de los estudiantes antiguos y nuevos, además de si existirá otro tipo de beneficios.
Según indica un documento del Ministerio de Educación, al que tuvo acceso el diario La Tercera, se está trabajando en la gratuidad de manera gradual para que comience en el año 2016 con un grupo de universidades que cumplan con un mínimo de años de acreditación y aceptar un arancel fijado por el Gobierno, además de contar con un porcentaje alto del 70% de alumnos más vulnerables del país.
En ese sentido, por ejemplo, se pretende que la carrera de Derecho o Medicina cueste lo mismo sin importar en qué universidad se imparta, y ya cuando comience la gratuidad, ésta favorezca en primer lugar a los alumnos más vulnerables, con el fin de que en 4 años se establezca la gratuidad total entre los establecimientos que acepten este sistema.
Según consigna La Tercera, el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, indicó que "hay grandes consensos respecto de la complejidad y efectos negativos que trae una política de gratuidad universal. En ese sentido, la idea de perfeccionar las becas y crédito cobra mayor relevancia".
Además, la propuesta del Gobierno de Bachelet aclara que la gratuidad contempla sólo los años que dure formalmente una carrera, más un año de gracia. Así, se definirá una cantidad límite de ramos que el alumno podrá reprobar. El motivo es evitar que suceda en Chile lo mismo que ocurre en Argentina, donde un estudiante puede tardar 15 años en salir de la Universidad.
Eso sí, aquellos estudiantes que se atrasen más allá de lo planteado, podrán tener acceso a un crédito especial para continuar estudiando, el que tendría tasas de interés bajas y regirá sólo en planteles que se adhieran al compromiso solicitado por el Gobierno.
Cabe aclarar que cuando exista la gratuidad completa, los contratos crediticios firmados con anterioridad se mantendrán y deberán ser cancelados y respetados.
En el caso de los alumnos que cuenten con becas y créditos y estén dentro de universidades o recintos que no se adhieren al compromiso solicitado por el Gobierno, sus beneficios seguirán tal cual, pero los planteles no recibirán nuevos recursos del Estado para beneficiar a nuevos estudiantes.
Entonces, por concepto de docencia, al Estado le costaría cerca de US$3 mil millones realizar esta política, sin contar investigación ni otros elementos.
AGENCIA TRAYECTOS
