El acuerdo consiste en crear una mesa de alto nivel que propondrá soluciones concretas a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos.
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La Subsecretaría del Interior anunció hoy que, tras 40 días de movilizaciones, el Gobierno y dirigentes de ex presos políticos llegaron a un acuerdo para deponer la huelga de hambre que mantenían aproximadamente 100 personas en diferentes ciudades del país.
Los ayunantes piden un reajuste de las pensiones Valech a manera de una reparación justa del Estado chileno por las torturas y otros abusos sufridos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
El acuerdo consiste en crear una mesa de alto nivel que propondrá soluciones concretas a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos.
Esta mesa estará conformada por las instituciones firmantes, a quienes se sumarán representantes de los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados (o a quienes ellos designen en su representación); el Instituto Nacional de Derecho Humanos; y el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La instancia se abocará a revisar las indemnizaciones civiles reparatorias, y buscará fórmulas que permitan cumplir con las obligaciones establecidas por la ONU "en materia de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los ex presos políticos chilenos, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar", según consigna el documento.
La mesa también estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales que se diseñarán en los seis meses siguientes al término del trabajo de la mesa. Estas conclusiones permitirán dar fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.
La mesa, que será presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, se constituirá a más tardar el próximo 30 de mayo y entregará sus propuestas en un plazo de 45 días corridos.
El documento definitivo fue firmado por el obispo Alejandro Goic; la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva; el director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas; y los representantes de ex presos políticos y familiares, David Quintana, Santiago Quintanilla y Pedro Muñoz.
El acuerdo compromete al Gobierno al envío de un proyecto de "ley corta", que definirá un aporte único, de carácter reparatorio, en base a las propuestas formuladas durante la negociación por los ex presos políticos y el Ejecutivo.
El proyecto de ley será ingresado al Congreso en un plazo máximo de un mes tras conformada la mesa, y gozará de urgencia legislativa, que no será retirada ni modificada.
Además, en relación a la persecución penal y a la sanción de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, se impulsarán las medidas necesarias para impedir la impunidad.
Pn/Cp
Aton Chile
