Máximo tribunal del país remitió informes a la Cámara de Diputados, en los que se refiere a diversos aspectos contenidos en los proyectos de ley sobre libre competencia y delitos de colusión.
La Corte Suprema realizó sugerencias y reparos a los proyectos de ley que establecen normas regulatorias en materia de libre competencia y penas de crimen para delitos de colusión.
En sendos informes remitidos a la Cámara de Diputados, el máximo tribunal valora las sanciones que se proponen en la iniciativa legislativa que se discute en el Congreso para los delitos de colusión, en la medida en que corresponden "estrictamente al ámbito de una política pública legislativa la que se aprecia incorporada también con una finalidad esencialmente disuasiva, particularmente al ilícito de colusión".
Sin embargo, el pleno de ministros repara en la propuesta de restringir la penalización del delito de colusión a la presentación de querellas por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por cuanto "no aparece clara la razón por la que las investigaciones de los hechos para configurar este ilícito sólo deban iniciarse por querella de la Fiscalía Nacional Económica, sustrayendo de este cometido al Ministerio Público que tiene asignada en general la exclusividad en la investigación de los delitos", sostiene el máximo tribunal.
Siempre en esta materia, el informe de la Suprema, no comparte la propuesta de que sea un ministro de alzada (Corte de Apelaciones), la facultad para ordenar medidas intrusivas solicitadas por el Ministerio Público, y sugiere mantener dicha potestad en los Tribunales de Garantía.
"Competencias como la que se menciona condice naturalmente con aquellas asignadas a los juzgados de garantía, por lo que estima adecuado que dicha instancia quede fijada en estos últimos tribunales"., explica el informe.
Respecto de las propuestas planteadas en la discusión legislativa referidas al Tribunal de Libre Competencia (TDLC), la Corte Suprema respalda la idea de otorgar dedicación exclusiva a los jueces del TDLC.
No obstante, en su informe el máximo tribunal expresa sus reparos a la propuesta de que el TLDC pueda tener facultades para recomendar modificar o derogar normativas sobre la libre competencia.
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Aton Chile