Juan Francisco Galli sostuvo que el anuncio que hizo el presidente Piñera en la Cuenta Pública "es la conclusión de un trabajo que se venía haciendo por parte del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de DD.HH. en la mesa coordinadora del sistema de justicia penal".
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al anuncio que el presidente Sebastián Piñera durante su última Cuenta Pública, en la cual evidenció la necesidad de crear una fiscalía especializada en Derechos Humanos.
Al respecto, Galli sostuvo que "el anuncio que hizo el Presidente de la República es la conclusión de un trabajo que se venía haciendo por parte del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos en la mesa coordinadora del sistema de justicia penal. El ministro de Justicia convocó a la comisión coordinadora del sistema de justicia penal, donde está el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y fue invitado el Instituto Nacional de Derechos Humanos".
"Una de las temáticas fue cuáles eran las brechas, los inconvenientes que se estaban detectando para no avanzar en las investigaciones que se habían iniciado con posterioridad al 18 de octubre, y dos de las brechas detectadas fueron abordadas ayer por el discurso del Presidente de la República", añadió.
Es por ello que apuntó que "lo primero, es que de acuerdo con protocolos internacionales, determinadas pericias deben ser desarrolladas por el Servicio Médico Legal y parte de lo que se detectó es que no todas las capacidades del Servicio Médico Legal estaban para poder llevar adelante esas pericias de forma oportuna, y ayer el Presidente anunció el fortalecimiento del Servicio Médico Legal justamente para poder llevar adelante esas pericias y de esa manera poder avanzar en las investigaciones".
En segundo lugar, argumentó que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como el fiscal nacional manifestaron que "parte del problema era que tenían una sobrecarga de trabajo en algunas fiscalías producto de las denuncias que habían sido recibidas y las querellas que habían sido presentadas por el INDH, y para eso no solo se necesitaba más fiscales, sino que además capacitar a los fiscales y a la policía que estaban investigando esas causas para que lo hicieran teniendo en consideración el tipo de causa que se trataban".
"Una de las propias propuestas que hizo el propio fiscal nacional fue, quizás, tener en su propia cuenta pública una fiscalía especializada en estos casos. Y ojo aquí en algo que es muy relevante: la fiscalía tiene por rol investigar estas causas con objetividad. ¿Qué significa eso? Investigar con igual celo los antecedentes que dan lugar a determinar la culpabilidad del imputado, como también aquella que da para su inocencia", complementó, asegurando que el Gobierno "es el más interesado en avanzar en estar investigaciones lo más pronto posible".
"Vamos a impulsar con todas nuestras capacidades el que estas investigaciones avancen y se determine si existió el hecho o no, y si los responsables son a quienes se les imputó los delitos u otros", planteó el subsecretario.
Indulto a presos del estallido
En la instancia, Galli reiteró sus cuestionamientos a las diversas manifestaciones que se han registrado, muchas de ellas en los alrededores de La Moneda, para que sean liberados los presos y personas que se encuentran en prisión preventiva debido a sus detenciones en el marco del estallido social de 2019.
Junto con asegurar que "no hay medidas extraordinarias" de seguridad en el sector para enfrentar las distintas situaciones, argumentó que "son grupos muy minoritarios, pero yo me quedaría en cuáles son las demandas de esos grupos minoritarios que han desarrollado algún tipo de manifestaciones".
"La demanda es darle la libertad a personas que están privadas de libertad como consecuencia a haber cometido delitos graves con posterioridad al 18 de octubre, y en eso el Presidente ayer en su Cuenta Pública fue especialmente claro: en Chile no hay presos políticos", comentó.
"Esas personas que están privadas de libertad lo están en virtud de resoluciones judiciales y en nuestro país rige el Estado de Derecho. Aquellas que personas que incurran en actos que contrarían la ley penal, en actos que nuestra sociedad considera especialmente dañosos, van a tener que responder ante la justicia y en caso de ser determinada su responsabilidad, van a tener que cumplir su condena", expuso.
Es por eso que también señaló que "daña institucionalmente a nuestro país el que personas quieran condicionar, por ejemplo, el funcionamiento de la convención constituyente o quieran impulsar proyectos que buscan la impunidad de estas personas, porque vulneran, tal como lo dijo la Corte Suprema, el principio de separación de los poderes, que es quizás desde fines del siglo XVIII la esencia de la democracia representativa y del Estado de Derecho".
"Los tribunales de justicia tienen que hacer su trabajo, la Fiscalía tiene que investigar la responsabilidad de esas personas y de ser considerados culpables, van a tener que cumplir con su condena. Además, no es cualquier delito porque las personas que están privadas de libertad lo están por lanzamiento de bombas incendiarias, incendio y por saqueo", cerró Galli.
PURANOTICIA
