
Afirman que la propuesta favorecería a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable que estudian en instituciones de educación superior acreditadas por cuatro años.
A fines de enero de este año los diputados Jaime Bellolio, de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y José Manuel Edwards de Renovación Nacional (RN) presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional para impugnar la llamada Ley de Inclusión, que estableció el fin del lucro, el financiamiento compartido y la selección de estudiantes en los colegios que reciben aportes del Estado. El TC rechazó la impugnación y la ley fue promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet el 29 de mayo.
La oposición hizo una serie de cuestionamientos al proyecto acusando, entre otras cosas, que obligaría a incurrir en un gasto de 400 millones de dólares durante 12 años para "comprar fierros" por la adquisición de establecimientos educacionales de los sostenedores que optaran por no continuar con la actividad al aplicarse la nueva ley. La cifra fue desmentida en su momento por el Gobierno considerando que dos tercios de los sostenedores no son propietarios de sus establecimientos. En junio de 2014 el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, calificó ese número como "fantasía".
En noviembre los diputados volvieron a presentar, esta vez con éxito, un requerimiento en el TC contra de la glosa del Presupuesto 2016 que establecía recursos para iniciar la gratuidad en la educación superior el próximo año.
Recalcando que su interés era que la gratuidad favorezca a la mayor cantidad de estudiantes y no solamente a algunos de manera discriminatoria, Chile Vamos presentó este martes al Mineduc una propuesta para que la gratuidad se inicie el 2016 utilizando los recursos destinados a "la compra de fierros".
"El Gobierno no puede torcerle la nariz al Tribunal Constitucional y ahondar en la discriminación arbitraria, eso sería completamente inaceptable", advirtió Bellolio.
El diputado señaló que por ello se le propuso al Gobierno "reasignar el fondo de garantías Corfo que estaba destinado para comprar colegios subvencionados, que esa plata vaya a los estudiantes más vulnerables ¿Qué significa eso?: Que en vez de gastar en comprar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables sin discriminación arbitraria".
De acuerdo a los cálculos del diputado UDI, así se favorecería a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable que estudian en instituciones acreditadas por cuatro años.
Edwards, en tanto, destacó que esta iniciativa pretende "reasignar un fondo de 400 millones de dólares para comprar fierros, que no sirve para absolutamente nada más que un tema ideológico".
Los diputados solicitaron a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, una audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet para hacer una presentación oficial de su propuesta.
AGENCIA UNO