Luis Felipe Céspedes se refirió al arribo del consejero de Corfo Rafael Guilisasti al directorio de las sociedades cascada de la minera, asegurando que “creemos que tenemos una posición muy firme” para terminar con contrato de explotación en el Salar de Atacama.
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El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se refirió este miércoles al arribo de Rafael Guilisasti al directorio de las sociedades cascada de Soquimich, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, en el marco de la disputa que la minera no metálica mantiene con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por el contrato de explotación del Salar de Atacama.
"Hay un juicio arbitral en esta materia, hay un árbitro que tiene que tomar una decisión respecto a esta materia, nosotros como Corfo pedimos y solicitamos el fin del contrato producto de todas las causas que adjuntamos en dicha demandas frente al árbitro, entregamos además el caso al Consejo de Defensa del Estado", dijo Céspedes al ser consultado por el rol que Guilisasti tenía como asesor de Corfo.
"Creemos que tenemos una posición muy firme por parte del Estado de Chile y vamos a seguir trabajando en fortalecer la posición del Estado chileno", recalcó.
Consultado respecto a un posible conflicto de interés por la información que manejaba Guilisanti, el ministro reconoció que "eso es una materia que se está evaluando, lo evaluó la propia Corfo y a mí lo que me parece importante es dejar muy claro a todos los ciudadanos que tenemos una posición como Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado que va a ser presentada, y que vamos a presentar todos los argumentos necesarios para hacer valer los intereses del Estado chileno".
A raíz de una auditoría iniciada en el Gobierno de Sebastián Piñera, en mayo de 2014 el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Eduardo Bitrán, interpuso una demanda contra SQM en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Chilena de Comercio de Santiago. El organismo estatal sostenía que la empresa controlada entonces por Julio Ponce Lerou no pagó íntegramente las rentas trimestrales pactadas entre enero de 2009 y septiembre de 2013.
Desde entonces la minera no metálica vivía bajo la amenaza de enfrentar un término anticipado del contrato de arrendamiento que le otorgaba desde 1993 derechos exclusivos de explotación sobre 140 mil hectáreas del Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, y 28.054 pertenencias mineras, hasta el 31 de diciembre de 2030. Sus vínculos con el mundo político, investigados por el Ministerio Público, buscaban asegurar continuidad en el negocio.
Este año el Gobierno dispuso el inicio de los estudios para terminar con el contrato que vence en 15 años. Corfo está exigiendo una indemnización de 18 millones de dólares, además del pago de 17 millones de dólares adeudados. La entidad acusa que la minera ha intentado adquirir derechos de agua en la zona del salar para impedir que se pueda licitar su explotación a futuro.
Pn/ci
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