La Cancillería rechazó la denuncia de presunto espionaje de marinos peruanos a favor de Chile y reiteró la voluntad del Ejecutivo de continuar el proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Lima.
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Una breve declaración pública emitió esta jornada la Cancillería, respecto del asunto de espionaje que habrían realizado suboficiales de la Armada peruana.
En el comunicado, que firma el canciller subrogante, Edgardo Riveros, se señala que "Chile no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros estados ni en su propio territorio".
Y agrega que respecto a Perú "la voluntad de Chile es continuar el proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, objetivo en el cual están empeñados los esfuerzos en ambos Gobiernos".
Esta declaración surge luego de los dichos del Presidente peruano Ollanta Humala, en torno a que de comprobarse el espionaje en cuestión "sería gravísimo para relación con Chile".
De acuerdo a antecedentes de la investigación que difunde hoy la prensa peruana, se asegura que los tres suboficiales de la Marina de Guerra, supuestamente "reclutados por el espionaje chileno para proporcionar información clasificada naval a las fuerzas armadas chilenas", transmitieron imágenes electrónicas sobre el estado de los buques de guerra y sus ubicaciones secretas en el litoral peruano.
El diario "La Razón" agrega que "la investigación abierta por el Fuero Militar y Policial" generó las detenciones preventivas de los militares entre agosto y octubre del año pasado, la cual se ha ampliado hasta por un año más.
En el caso de los suboficiales de la Marina, Johnny Richard Pilco Borja y Alfredo Marino Domínguez Raffo, "las pesquisas han precisado que hicieron entrega de este tipo de imágenes en los encuentros que sostuvieron con empresarios pesqueros italianos en diferentes capitales de Latinoamérica, quienes fueron identificados por la contrainteligencia naval peruana como oficiales de la marina chilena".
En el caso del tercer suboficial, identificado como el técnico de 3ª.AP Alberto González Alejo, el último en ser detenido recién en noviembre, las pesquisas han confirmado que sostuvo reuniones con los miembros del espionaje chileno, pero aún no se ha determinado si hizo entrega de materiales clasificados, como lo han hecho los anteriores.
Si los oficiales son encontrados culpables por el delito más grave, que es el de traición a la patria, recibirían una pena privativa de libertad de 20 años.
Pn/gm
MA/AtonChile
