Además, sobre 'Admisión Justa' señalaron que "rechaza la pobreza argumental, simplificación pueril y falacia general del proyecto".
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La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) cuestionó el proyecto de ley Admisión Justa y emplazó al presidente Sebastián Piñera y a la ministra Marcela Cubillos. A través de una declaración pública, el gremio afirmó mirar "con preocupación el estado actual de la cartera bajo la conducción" de la secretaria de Estado.
Los trabajadores del Mineduc hicieron un llamado "al Presidente de la República, a rectificar de forma urgente el rumbo que su administración le está dando a la educación de nuestro país".
Sobre Admisión Justa, la Andime señaló que "rechaza la pobreza argumental, simplificación pueril y falacia general del proyecto, cuya fundamentación no resiste ningún análisis en uno de los sistemas educacionales más segregados del mundo –según la propia OCDE".
En la misma línea, agregan que "la excelencia debe estar en los profesores, tal y como está determinado en la ley de Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en plena implementación, cuyo fin es lograr que cada uno de los estudiantes desarrolle aprendizajes de acuerdo a sus capacidades, más allá de su origen y/o condición socioeconómica".
Asimismo, aseguran que "lo anterior deja fuera las pruebas estandarizadas o de selección, que supuestamente determinan la "excelencia académica" de los estudiantes, como propone el gobierno, cuyas "políticas" en Educación nos retrotraerán 50 años".
Los funcionarios expresan que "se han agregado cambios de forma inexplicables, generando retrasos inauditos y situaciones aberrantes como la pérdida de gratuidad de más de 21 mil estudiantes, todo esto debido a la errática conducción de la Ministra".
La Andime califica de "acción irresponsable" por parte del Gobierno y el Ministerio de Educación "el traspaso de estudiantes desde 'universidades' privadas que quiebran, consumidas por el lucro y la irresponsabilidad financiera causada por una codicia sin límites, y otras que siguen fomentando el lucro, dejando de lado el rol del Estado de velar por el cumplimiento de estándares educacionales de las instituciones y el resguardo del derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, sin créditos de usura ni estafas".
Finalmente, sobre educación parvularia denuncian "el progresivo desmantelamiento de las unidades técnico pedagógicas del área, reduciendo los equipos encargados de currículo, omitiendo el conocimiento y aporte acumulado y privilegiando la instalación de los llamados "equipos de proyectos", cuyo fin es principalmente llevar adelante iniciativas de alianza público-privadas, que implican la destinación de cuantiosos recursos fiscales a particulares, todo esto sin fundamentos mínimos de carácter técnico".
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