“Es necesario que se asegure primero que los fondos públicos van a ir destinados a la educación, a la calidad y al bienestar de los estudiantes”, expresó el CUECH en una declaración tras el anuncio de la Presidenta sobre la incorporación de planteles privados al beneficio.
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El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) emitió una declaración este martes, reiterando la exigencia de un marco regulatorio previo a la extensión del beneficio de gratuidad para la enseñanza superior que impulsa el Ejecutivo.
Esto luego que la Presidenta Michelle Bachelet informara que en la Ley de Presupuestos se contemplarán los recursos para que el 2015 comience a operar el beneficio de gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables de universidades del Consejo de Rectores y de planteles privados acreditados por más de 4 años, que no sean controladas por sociedades comerciales y que aseguren participación de todos sus estamentos en instancias colegiadas de gobierno institucional.
"Creemos que, desde el momento en que se les hará extensivo este beneficio, dichas instituciones privadas deben regirse por las mismas normas de transparencia en el uso de sus recursos, a las cuales respondemos los planteles públicos", expresó la organización que agrupa a las dieciséis universidades estatales del país.
El CUECH recordó que las universidades estatales están sujetas al control que ejerce la Contraloría General de la República y a las normas de Ley de Transparencia, que no son aplicables a las instituciones privadas de educación superior, explicando que en la actualidad son los únicos planteles que tienen doble exigencia de contabilidad, desde lo gubernamental y desde el sector privado.
"Las universidades del Estado de Chile somos las únicas instituciones de Educación Superior en este país que tenemos la obligación de tener transparencia activa y esto debe ser una exigencia obligatoria para todas aquellas instituciones quienes reciban recursos públicos", expuso el consorcio.
Además insistieron en la necesidad de garantizar que los recursos dispuestos sean íntegramente re-invertidos en el proceso formativo de los estudiantes, por lo que manifestaron que las instituciones privadas beneficiadas deberán estar constituidas como corporaciones privadas sin fines de lucro y no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de estas corporaciones y ser propietarias de un alto porcentaje de sus bienes inmuebles.
"Reiteramos que no puede haber extensión de la gratuidad a las instituciones de educación superior sin un marco regulatorio previo. Es necesario que se asegure primero que los fondos públicos van a ir destinados a la educación, a la calidad y al bienestar de los estudiantes. Asimismo, es necesario que esté garantizada en estos planteles la libertad de enseñanza, la autonomía, la promoción de los Derechos Humanos y la contribución a la generación de conocimiento", insistieron.
Pn/ci
AGENCIA UNO
