El mecanismo implementado por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo ocasionó un daño económico de al menos US$1.500 millones, según un informe económico elaborado por profesionales externos de la FNE.
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A fines de 2012 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunciando la existencia de un cartel conformado por las principales empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo en Chile, Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, implementado y monitoreado por su asociación gremial.
Dos años más tarde, en septiembre de 2014 el tribunal aplicó a las empresas avícolas multas que totalizan aproximadamente 61 millones de dólares y que fueron ratificadas en un fallo de la Corte Suprema conocido este jueves.
Según la investigación de la FNE, al menos durante una década, las empresas acusadas implementaron y ejecutaron un acuerdo para limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y se asignaron cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto. El mecanismo implementado por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo ocasionó un daño económico de al menos US$1.500 millones, según un informe económico elaborado por profesionales externos de la FNE.
LOS DESCARGOS DE AGROSUPER
Conocida la resolución del máximo tribunal, Agrosuper emitió una declaración en la que aseguran lamentar que la Corte Suprema "no haya acogido los argumentos técnicos, económicos y jurídicos, avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la FNE en su requerimiento".
"Nos asiste la convicción de haber obrado siempre de buena fe y en cumplimiento de la normativa aplicable", afirmó la empresa, asegurando que redoblarían sus esfuerzos "a fin de que su gestión continúe en la senda de incorporar los más altos estándares en la actividad que desempeñamos y que hoy rigen a nuestra sociedad".
Pn/cp
AGENCIA UNO
