La iniciativa contempla penas de entre 5 y 10 años de cárcel y aumenta las multas aplicables por casos de colusión consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30% de las ventas en el período de colusión de la empresa implicada.
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Durante la tarde de este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara despachó el proyecto de ley del gobierno que establece cárcel y aumenta las multas aplicables por casos de colusión.
La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, contempla penas de entre 5 y 10 años de cárcel, y multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30% de las ventas en el período de colusión de la empresa implicada.
Además, la comisión se aprobó replicar los criterios de la denominada Ley Emilia a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.
Asimismo, se aprobó que si la colusión implica bienes de primera necesidad se apliquen penas por sobre los 7 años y medio de cárcel, lo que por sí solo asegura reclusión efectiva para los culpables.
"Para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuantes", destacó el presidente de la comisión, Leonardo Soto.
Pn/ci
AGENCIA UNO
