Ministro Rodrigo Valdés asistió a la comisión de Hacienda de la Cámara, que despachó esta norma a la sala, y a la comisión que investiga la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, donde no se pronunció sobre el proceso.
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El ministro Rodrigo Valdés valoró el respaldo que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados brindó al proyecto de ley que moderniza el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, que fue despachado hoy de dicha instancia.
La iniciativa, que es parte de la Agenda para la Transparencia y Probidad en los Negocios y la Política que impulsa el gobierno, quedó en condiciones de ser vista en la sala de la Cámara.
Entre los principales perfeccionamientos que plantea el texto figura la ampliación del sistema ADP a nuevos cargos y servicios públicos, entre ellos, la Dirección del Trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Fonasa, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
El ministro destacó que se aprobaron una serie de medidas que buscan reducir el impacto de los cambios de gobierno. Entre ellos, se incluye el término de la figura del directivo Provisional y Transitorio (PT), de modo que sólo existirán autoridades titulares o subrogantes legales.
Además, se faculta al Presidente de la República para que en los tres primeros meses de su mandato designe directamente a 12 cargos de primer nivel, entre quienes cumplan los perfiles de cargo establecidos para ello por el sistema ADP. También se permite suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos 6 meses de un gobierno, con acuerdo del consejo de ADP.
TAMBIÉN A COMISIÓN POR CUPRUM-ARGENTUM
El titular de Hacienda también asistió a la comisión investigadora de la fusión Cuprum-Argentum, donde precisó que no le corresponde precisar si se trata de una operación legal o no.
"Hay instituciones que tienen que contestar eso y sería malo para el funcionamiento de las instituciones que yo me aventurara con una determinación de legalidad que no me corresponde hacer", declaró.
Precisó que un grupo de parlamentarios solicitó a la Contraloría General de la República, a la que le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración, un pronunciamiento sobre la legalidad de la actuación de la Superintendencia de Pensiones en este caso, la que se encuentra en tramitación.
"Lo que corresponde ahora es dejar que la institucionalidad funcione, que el control político y el control de legalidad sigan su curso y esperar los pronunciamientos", afirmó.
Enfatizó que una declaración en contrario "no ayuda a la confianza y se aleja de la tradición que por años estamos formando en Chile de tener reglas y no discreción en la política económica".
Pn/ci
AGENCIA UNO
