"No he encontrado faltas constitucionales ni faltas legales. No he encontrado que la ministra de Salud haya faltado a sus deberes jurídicos".
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La acusación constitucional presentada por diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, sigue siendo evaluada por la comisión especial que deberá informar si procede o no.
Para la sesión de este jueves 19 de noviembre, se invitó a dos abogados para confrontar posiciones sobre lo presentado: Máximo Pavéz (militante de la UDI y quien redactó el libelo) y Patricio Zapata (democratacristiano y constitucionalista).
Fue este último quien explicó que "las personas que critican la gestión pública, tiene el derecho absoluto a formular en público esos reproches. No se me ocurriría censurar el derecho a la crítica, pero existen espacios para hacerla y hay otros espacios que no son adecuados".
"Cuando uno realiza una actividad en un espacio que no es conveniente, uno le hace daño a la actividad y a los espacios. La acusación constitucional no es el espacio para que alguien critique la manera en que está llevando adelante un determinado programa o un programa que no le gusta", explicó al Profesor Asociado Adjunto del Departamento de Derecho Público de la PUC.
"He leído la acusación y no he encontrado faltas constitucionales ni faltas legales. No he encontrado que la ministra de Salud haya faltado a sus deberes jurídicos. En ese sentido esta acusación no debió haberse presentado, porque no logra reunir los antecedentes que justifican este esfuerzo y despliegue por parte de la comisión. Creo que se equivocaron de instrumento", sentenció el jurista.
En tanto que Pavez, ahondó en las razones que dejó estipuladas al redactar el escrito. En ellas, lo principal es el cuestionamiento a la gestión de Castillo, relativo al aumento de las listas de espera Auge, el no cumplimiento del plan de implementación de la Ley Ricarte Soto y al plan de construcción de hospitales. Según él, se le critica a la titular de Salud el que tiene responsabilidad, junto a los administradores de la cartera, de no poner orden alguno en esas circunstancias que requieren fondos públicos.
La comisión tiene seis días para pronunciarse sobre ella. El informe que emane desde esta instancia y su votación no son vinculantes a la decisión que posteriormente tendrá que realizar la Sala de la Cámara. Es en ese momento en que se votará la procedencia de la acusación y, si es aprobada, el Senado se constituye como jurado y deberá decidir si la ministra Castillo sigue o no en su cargo.
Pn/cp
AGENCIA UNO
