Según el Ministerio Público hasta el 24 de mayo de 2021, los privados de libertad son todos adultos, a quienes se les han imputado principalmente presuntos delitos de homicidio, incendio, porte ilegal de armas, activación y lanzamiento de bombas molotov, entre otros.
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Un total de 25 imputados por la comisión de delitos vinculados al estallido social, se encuentran actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo a la información levantada por la Fiscalía Nacional hasta el 24 de mayo de 2021.
Los delitos por los que son investigados incluyen lanzamiento de bombas molotov, incendio, porte ilícito de armas y homicidios frustrados, entre otros.
La totalidad de ellos fue formalizado ante los Tribunales de Justicia, los que determinaron su privación de libertad, por cumplirse las causales legales para ello "en términos de que la Fiscalía presentó antecedentes que justifican la existencia del delito investigado y que permiten presumir fundadamente su participación en los ilícitos como autor, cómplice o encubridor", según indica la Fiscalía.
Junto a ello, en todos estos casos los jueces evaluaron si la medida cautelar de prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de las diligencias de la investigación; si la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido; o si existe peligro de que el imputado se fugue.
Entre algunas de las causas se cuentan: un imputado por la comisión de homicidio consumado y tres homicidios frustrados; tres personas por activación y/o lanzamiento de bombas molotov; dos imputados por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y otros cuatro por robo en lugar no habitado.
Quien menos tiempo ha permanecido en prisión preventiva es un imputado por el delito de robo no habitado, con 22 días. Mientras que la persona con mayor periodo de privación de libertad corresponde a un adulto investigado por el delito de activación de bomba molotov, con 581 días.
Ocho de los imputados están acusados y en espera de juicio oral, procedimiento que se ha visto postergado a consecuencia de la pandemia. Para ellos, la Fiscalía solicita diversas penas, entre las que destacan 20 años de presidio por el delito de homicidio consumado y frustrado; 14 años por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones, y microtráfico; 12 años por el delito de incendio, y 5 años y un día por el incendio de una tienda comercial.
Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, ingresaron 41.075 casos relacionados a delitos de daños, robos, desórdenes y ley de control de armas, entre otros.
Por esos hechos, se han dictado a la fecha un total de 4.771 sentencias condenatorias respecto de 3.879 personas a quienes se les ha atribuido uno o más delitos, y 149 sentencias absolutorias correspondientes a 127 imputados.
PURANOTICIA
