Gobierno de Filipinas emplazó a los países a rechazar la resolución, que pide a la Alta Comisionada de ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, que informe sobre sus conclusiones en junio de 2020.
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para poner en marcha una investigación preliminar sobre las miles de muertes registradas en Filipinas en el marco de la llamada guerra contra la droga, impulsada por el presidente Rodrigo Duterte.
La resolución, presentada por Islandia, fue aprobada con los votos a favor de 18 países, el rechazo de otros 14, incluida China, y 15 abstenciones, incluida la de Chile, en la reunión celebrada en Ginebra.
El Gobierno de Filipinas emplazó a los países a rechazar la resolución, que pide a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que informe sobre sus conclusiones en junio de 2020.
En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin Junior, expresó su rechazo a la resolución por las muertes registradas en Filipinas, al tiempo que advirtió al organismo de la ONU que su decisión tendrá "consecuencias de amplio alcance".
"Filipinas rechaza esta resolución. Sinceramente, no puede obedecerla. No aceptaremos una resolución políticamente partidista y unilateral, tan alejada de la realidad sobre el terreno. Llega directamente de boca de la reina de 'Alicia en el país de las maravillas': 'Primero el juicio, luego las pruebas'", aseguró el jefe de la diplomacia filipina.
En la declaración que Locsin envió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su lectura antes de la votación, el ministro filipino puso en duda la validez de la resolución. "Esta resolución no ha sido adoptada universalmente. Por tanto, su validez es altamente cuestionable. No representa la voluntad del Consejo, mucho menos de los países en desarrollo que están siendo siempre objetivo de estas resoluciones", agregó.
El ministro de Exteriores filipino dijo que la resolución fue impulsada por "países occidentales" que confían en que "el mundo ha olvidado lo que hicieron y lo que se les debería haber hecho si hubiera habido entonces un Consejo de Derechos Humanos" y agregó que "fue impulsado por la arrogancia de los que piensan que los países en desarrollo no se enfrentarán a ellos incluso aunque podamos y como de hecho vamos a hacer. Habrá consecuencias".
Locsin sugirió que Filipinas no cumplirá la resolución porque eso es lo que sucede con las resoluciones que se aprueban con un estrecho margen. "Resoluciones así, especialmente aquellas aprobadas por una pequeña minoría, pueden y serán ignoradas. No habrá consecuencias", subrayó.
Por último, reiteró su amenaza de que habrá "consecuencias" para los países que votaron a favor de investigar a Filipinas. "La iniciativa para insultar a Filipinas con la asunción sin pruebas de que comete graves abusos tendrá consecuencias de amplio alcance", señaló.
Cabe señalar que desde que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, puso en marcha la campaña de guerra contra las drogas en junio de 2016, han muerto más de 6.000 personas en operaciones policiales relacionadas con el tráfico y el consumo de estupefacientes. Algunas organizaciones elevan el balance hasta los 27.000 muertos.
El Ejecutivo defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y asegura que todas las muertes que se han registrado están justificadas por resistencia de los sospechosos ante los agentes del orden. Los grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado las muertes en las operaciones policiales y han asegurado que muchas de ellas son ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por policías o por asesinos a sueldo.
PURANOTICIA
