La Cámara de Comercio de Santiago sostuvo que "frente a la alarmante situación de delincuencia", las empresas "se ven obligadas a implementar todas las acciones posibles para proteger a sus consumidores y a su personal".
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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a 13 supermercados y tiendas del retail en cuatro regiones del país (Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Biobío), tras detectar infracciones a la Ley del Consumidor a la aplicación indebida de medidas de seguridad y vigilancia en locales comerciales.
En concreto, el Sernac luego de realizar fiscalizaciones detectó que los guardias de seguridad exigían a los consumidores ver la boleta de compra a la salida de los locales comerciales, esto para corroborar que hubieran realizado el pago de los productos que llevaban.
Debido a esta situación, el organismo denunció a los Supermercados Híper Lider y Lider Express, Supermercado Unimarc, Super 10 (Mayorista 10), Supermercado Tottus, Supermercados Acuenta. Además, de las tiendas de retail La Polar, Corona, Falabella, Ripley, Easy, Homecenter Sodimac y Construmart.
El director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que las empresas, si bien tienen derecho a tomar medidas de seguridad, lo deben hacer siempre empleando los más altos estándares de profesionalidad y respetando la dignidad y derechos de las personas.
"Durante las fiscalizaciones realizadas pudimos detectar que las empresas denunciadas no cumplieron con las exigencias que establece la Ley del Consumidor (LPC) respecto de una serie de aspectos que soy muy relevantes a la hora de adoptar medidas de seguridad y vigilancia en las dependencias de sus locales comerciales, entre ellos, no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales", detalló.
Asimismo, Herrera sostuvo que la exigencia a los consumidores de mostrar sus boletas para acreditar la adquisición de los productos, no solo resulta desproporcionada y poco profesional, sino que implica someter a los consumidores a situaciones de estrés, que además pueden dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias o actuaciones vejatorias, pues ello queda a criterio, en última instancia, del guardia que exige dicha boleta.
Ante esto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hizo un llamado a las autoridades a "enfocarse en perfeccionar, en conjunto, mecanismos preventivos en medio de la creciente problemática de la delincuencia que vive el país".
Según la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, aunque es importante que las empresas cumplan con la normativa vigente, "frente a la alarmante situación de delincuencia que afecta a supermercados y tiendas, con un aumento de hurtos, robos a las personas y mermas internas, que ponen en riesgo la seguridad de los clientes de los y las trabajadoras incluso dentro de los locales, las empresas se ven obligadas a implementar todas las acciones posibles para proteger a sus consumidores y a su personal".
"Por tal razón, es imperativo generar nuevos mecanismos y bien regulados para que cumplan con el objetivo de protección, respetando y poniendo en el centro a las personas", agregó.
Finalmente, señalaron que "es crucial que las autoridades tengan muy presente la difícil realidad de la delincuencia en el país. Debe existir una colaboración estrecha para aplicar medidas en favor de los consumidores y trabajadores del comercio sin beneficiar a los delincuentes".
PURANOTICIA
