Expertos señalan que la mayoría del gasto público está protegido por ley, lo que exige cambios legislativos y un amplio consenso político para concretar las promesas de ambos candidatos.
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Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Evelyn Matthei han puesto los recortes fiscales en el centro de sus programas económicos. Kast propone una reducción de 6.000 millones de dólares en 18 meses, mientras que Matthei plantea 8.000 millones en cuatro años. Sin embargo, economistas y figuras políticas han levantado serias dudas sobre la factibilidad de estas metas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los recortes propuestos no pueden realizarse por la vía administrativa. Según Marcel, el 85% del gasto público en Chile está fijado por ley, lo que implica que cualquier ajuste significativo requeriría una reforma legal, con un alto costo político y la necesidad de una mayoría en el Congreso. El economista Jaime Ruiz-Tagle, en conversación con Radio Cooperativa, respaldó esta afirmación, subrayando que la estructura del gasto estatal está diseñada para dar estabilidad, y que las modificaciones requieren necesariamente un proceso legislativo.
Las propuestas de Kast, en particular, han sido calificadas como inviables por su ambición y el corto plazo. El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, explicó que para lograr un ajuste de 3.000 millones de dólares en un solo año, sería necesario recortar en un 15% el gasto en personal del Estado, una medida que considera "políticamente imposible" y socialmente muy costosa. Micco calificó el plan como "un poco populista", ya que subejecutar infraestructura también frenaría las obras públicas y el crecimiento económico.
Por su parte, el economista Eugenio Rivera diferenció los planes de ambos candidatos, afirmando que la propuesta de Matthei es más sustentable por su horizonte de cuatro años. Sin embargo, destacó que cualquier ajuste de esta magnitud exige complejas negociaciones con el Congreso, ministerios y gremios, una realidad que el programa de Kast parece no considerar.
Desde una perspectiva diferente, la economista Macarena García de Libertad y Desarrollo cuestionó la rigidez del gasto que se ha planteado. Argumentó que el 20% del presupuesto está destinado a personal y que existen más de 700 programas estatales que no están fijados por ley. Para ella, el principal obstáculo no es la falta de flexibilidad del gasto público, sino la ausencia de voluntad política de los gobiernos y el Parlamento para realizar los ajustes necesarios.
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