Según detalló el ministro de Energía, Diego Pardow, se estima que, en el caso de la región de Aysén, implicará una baja del orden del 19% al segundo semestre de 2025 y del 30%, al 2028. Esto se traducirá en una baja en la cuenta final en tarifas eléctricas no residenciales entre el 11% y el 17%, respectivamente.
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Mejorar el acceso a tarifas eléctricas equitativas, especialmente para aquellas personas que viven en las zonas aisladas y extremas del país, con el fin de que la electricidad sea un motor de desarrollo de dichos territorios, es el objetivo del proyecto aprobado por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y enviado a su par de Hacienda.
Según detalló el ministro de Energía, Diego Pardow, se estima que, en el caso de la región de Aysén, implicará una baja del orden del 19% al segundo semestre de 2025 y del 30%, al 2028. Esto se traducirá en una baja en la cuenta final en tarifas eléctricas no residenciales entre el 11% y el 17%, respectivamente.
La iniciativa, ya revisada por la Comisión de Zonas Extremas, perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. Parte de su innovación es introducir una definición de este y otros sistemas similares:
El proyecto también consagra, a nivel legal, un proceso de categorización transparente y participativo a cargo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esto permitirá una transición progresiva de un sistema a otro. Además, se hace cargo de una problemática de la ley vigente en que la definición y categorización se basan solo en la capacidad instalada de generación.
Adicionalmente, se busca que la planificación de los sistemas medianos propenda al desarrollo de las inversiones eléctricas. Asimismo, se permite la incorporación de energías renovables y almacenamiento. Junto a ello, se propone que los planes de expansión consideren la planificación energética de largo plazo.
Además, se propone crear un registro electrónico de promotores de proyectos de generación y transmisión en este tipo de sistemas. También se establece un registro de participación ciudadana en el proceso de planificación, que busca incorporar la visión regional y local en dicho proceso.
A lo anterior se suma la incorporación de un estudio único, licitado y adjudicado por la CNE, ejecutado por un consultor. Actualmente, se contemplan estudios secuenciales, desarrollados por las propias empresas que operan los SSMM y la CNE.
Por otra parte, se los incorpora al cálculo del precio de nudo promedio. Así, los precios de energía de clientes regulados serán comparables con los del sistema eléctrico nacional. Asimismo, se exime a los clientes no residenciales de estos sistemas de comunas beneficiadas por el mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial, de aportar a dicho mecanismo, lo que beneficiará a dichos clientes comerciales e industriales.
En la sesión, el grupo parlamentario solo voto cuatro enmiendas al texto despachado por la Comisión de Zonas Extremas. Todas ellas fueron presentadas por el Ejecutivo y tuvieron eco en propuestas formuladas por las y los diputados de dicha instancia.
Dos apuntaron a permitir a los gobiernos regionales entregar financiamiento a operaciones de sistemas medianos y aislados. Esto se desarrollará como subsidios y en tanto sea para permitir la continuidad del suministro. Otra hizo una precisión en lo referente a la categorización de los nuevos sistemas.
La cuarta y última indicación aprobada eleva el periodo de reconocimiento de inversión de proyectos renovables de gran escala. Originalmente, la propuesta del Ejecutivo era de ocho años y se subió a doce.
Pese a lo anterior, en la comisión hubo una nueva impugnación del periodo. Este fue planteado en su presentación por Miguel Castillo, gerente general de Edelmag S.A., empresa eléctrica de Magallanes.
Si bien el ejecutivo valoró el proyecto, solicitó que el plazo se extienda a 20 años. Con ello, acotó, se aseguraría un periodo de recuperación razonable sin implicar alzas de tarifas a los usuarios.
La propuesta tuvo acogida en las y los diputados, de ahí que solicitaran al ministro de Energía una nueva corrección del artículo. Sobre el punto, la autoridad recordó que la aproximación inicial era tener una misma regla para todos los activos, que estuviera entremedio entre los fijados para las empresas generadoras y las distribuidoras. Empero, expresó su voluntad de hacer en el trámite restante una nueva precisión.
“El Ejecutivo tiene toda la disposición para, ya sea evaluar una diferenciación territorial de sistemas medianos o diferenciación por tipo de activos. Así, tener una regla para los activos de distribución, más corta, y una regla especial para los activos de generación que se incorpore de otra manera”, sentenció Pardow.
PURANOTICIA
