El Consejo puntualizó que las condiciones fiscales actuales hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales.
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El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dio a conocer su informe semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos, en el cual advirtió que el país se encuentra en un "punto de inflexión", dada la persistencia por varios años de déficits estructurales que ha acercado la deuda bruta a su nivel prudente de 45% del PIB, limitando el espacio de gasto público actual y futuro.
“La situación de estrés fiscal prolongada se refleja tanto en el acercamiento de la deuda a su nivel prudente, en las holguras negativas para el mediano plazo y en el hecho de que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentre en un nivel muy inferior al que nos permitió enfrentar crisis en el pasado”, señaló el presidente del CFA, Jorge Rodríguez.
Y agregó que “es por esto por lo que el CFA reitera su recomendación al Poder Ejecutivo y al Legislativo de diseñar y consensuar una agenda concreta, no solo para cumplir con las metas fiscales de 2025 y 2026, sino que también para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.
El Consejo puntualizó que las condiciones fiscales actuales hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales.
Los constantes desequilibrios en el Balance Estructural evidencian que no se ha cumplido con financiar gastos permanentes con ingresos permanentes.
En su informe, el CFA precisó que, aunque Chile mantiene un nivel de deuda pública menor que el de otras economías emergentes, su trayectoria ascendente es superior a la de países con calificación crediticia similar, lo que refleja que el país ha estado por varios años utilizando los márgenes que tenía disponibles.
A su vez, los constantes desequilibrios en el Balance Estructural (BE), con gastos por sobre los ingresos fiscales estructurales, evidencian que no se ha estado cumpliendo uno de los principios básicos de responsabilidad fiscal, que es financiar gastos permanentes con ingresos permanentes.
El Consejo hizo hincapié en que el incumplimiento de la meta estructural de 2024 refleja una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales. Y como el error de proyección de ingresos también incidió en la Ley de Presupuestos de 2025, ello ha implicado que este año se requieran recortes de gasto significativos para cumplir con la meta de BE.
Las medidas de mitigación administrativas por sí solas son insuficientes para cumplir las metas fiscales. Reflejo de que el estrés fiscal se ha vuelto permanente es que para 2025 y 2026 se avizora un nuevo incumplimiento de las actuales metas de Balance Estructural.
Por lo anterior, el CFA resaltó que el cambio propuesto por el Ministerio de Hacienda en las metas fiscales repite una práctica que ha dificultado la consolidación de las finanzas públicas, al trasladar parte de los esfuerzos de consolidación a las futuras administraciones.
En cuanto a las acciones correctivas para la convergencia fiscal anunciadas por el gobierno, el CFA valoró que ellas incluyan medidas administrativas y legislativas, pero advirtió que las medidas legislativas para 2025 presentan un alto grado de incertidumbre.
Además, el Consejo advirtió que ve con especial preocupación que el Ejecutivo presente una meta de BE condicional de -1,6% del PIB para 2025, sujeta a la aprobación de las medidas legislativas propuestas, mientras que, al mismo tiempo, proyecta un déficit estructural de 2,0% del PIB si dichas medidas no se materializan.
“Esta forma de presentación pone en duda el control del Ejecutivo para el cumplimiento de la meta fiscal, introduce incertidumbre respecto del compromiso fiscal efectivo y complica la rendición de cuentas ante eventuales desvíos”, enfatizó Jorge Rodríguez.
El Consejo destacó que, dado que las acciones administrativas por sí solas son insuficientes para cumplir las metas fiscales, es necesario que la autoridad establezca un cronograma de avance de las medidas comprometidas, un mecanismo de alerta temprana y un plan alternativo con medidas adicionales dentro del ámbito de control del Ejecutivo.
Asimismo, el CFA reiteró que persisten dudas sobre la contabilidad fiscal, ante la ausencia de reglas claras para los registros contables y la posible existencia de inconsistencias en el registro de ingresos y gastos.
A la vez, ante la proyección de incumplimiento de la meta estructural también para 2026, el Consejo recomienda que el Ministerio de Hacienda explicite un plan de iniciativas administrativas adicionales para dicho año, a más tardar para la presentación del respectivo proyecto de Ley de Presupuestos.
Recomendación de pausar la modificación del decreto de política fiscal en contexto de incertidumbre internacional
Un punto relevante de la presentación ante el Congreso fue el referido a que por primera vez se invocó lo que la ley señala como “otras causales extraordinarias” para modificar el decreto de política fiscal, lo que deja en evidencia desafíos en esta materia, ya que dichas causales no se encuentran definidas en la recientemente reformada Ley sobre Responsabilidad Fiscal.
Al respecto, el CFA señaló que si bien la actualización de la norma contribuye a reducir la discrecionalidad del Ejecutivo, no establece criterios específicos para la aplicación de las “otras causales extraordinarias”, a diferencia de lo que ocurre con las cláusulas de escape para las cuales se establecen mayores exigencias. En opinión del Consejo esta situación debería corregirse modificando la ley.
En cuanto a las razones específicas planteadas por la autoridad como “causales extraordinarias” para hacer menos exigentes las metas de BE, el Consejo considera que solo algunas de ellas se alinean con el carácter excepcional que hoy exige el marco de responsabilidad fiscal.
Sin desmedro de ello, el CFA recomienda pausar la modificación del decreto en el actual contexto de incertidumbre de los mercados internacionales, pues los efectos de la guerra comercial no han sido incluidos aún en las proyecciones fiscales de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Se busca así evitar una sucesión de cambios a las metas.
Finalmente, el Consejo subrayó que, si en la práctica se ha vuelto difícil ejecutar reducciones significativas en el gasto público, ello debe motivar una reflexión más profunda sobre la institucionalidad del Estado y su capacidad real para implementar ajustes fiscales cuando sea necesario, tarea que llamó a ser abordada en el actual punto de inflexión.
PURANOTICIA
