La Unidad de Análisis Financiero informó un alza del 25,3% en los reportes, impulsada por bancos y con un fuerte aumento en el sector público, pese a la caída en casos con indicios de lavado de activos.
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Durante el 2025, la vigilancia sobre movimientos financieros en Chile alcanzó un hito sin precedentes. Según el último balance estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) anotaron un incremento anual del 25,3%, lo que se tradujo en un total histórico de 21.828 documentos enviados al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
El informe revela que la red de monitoreo abarca actualmente a sujetos de 55 actividades económicas y más de 500 instituciones del sector público y municipal. En cuanto a los perfiles analizados, las alertas involucraron a 22.348 personas; de este grupo, el 85% correspondió a personas naturales, mientras que el 15% restante fueron personas jurídicas.
Respecto a los factores que explican este comportamiento, la UAF sostiene que el alza se produjo “por una parte, por el crecimiento sostenido de los sujetos obligados inscritos en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF y, por otra, por el mayor nivel de reportabilidad de los bancos y de las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago”.
La concentración de los reportes es elevada, ya que solo ocho sectores originaron el 90% de los avisos. El sector bancario lideró la estadística con 14.103 ROS (un 64,6% del total), registrando además un crecimiento sectorial del 32,7%. Le siguieron los emisores de tarjetas con 1.626 reportes (7,4% del total y un alza de 23,2%), las cajas de compensación con 982 (4,5%) y las empresas de transferencia de dinero con 852 (3,9%).
Un punto relevante del informe es el desempeño de las instituciones públicas y municipales, que emitieron 335 reportes, alcanzando su nivel más alto desde que en 2015 pasaron a ser entidades obligadas. Este segmento experimentó un salto del 139,3% en sus notificaciones. Sobre esto, el documento subraya que dichos organismos “deben implementar sistemas de prevención de activos y anticorrupción, así como capacitar de manera permanente a sus funcionarios y funcionarias en estas materias”.
En la otra vereda, las operaciones con indicios específicos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo mostraron una baja del 11,5%, totalizando 1.132 casos frente a los 1.279 detectados durante el año 2024.
En materia de fiscalización, la UAF ejecutó 172 acciones de supervisión. El 70% de estas inspecciones se focalizó en ocho áreas: 29 a notarías, 19 a gestión inmobiliaria, 14 a comercializadoras de vehículos, 13 a empresas de factoring, 13 a casas de cambio, 11 a casinos, 11 a corredores de propiedades y 10 a remesadoras. Las 52 acciones restantes se distribuyeron en otros 15 rubros.
Finalmente, el organismo cerró el periodo con 59 procesos sancionatorios finalizados. Aunque no se abrieron nuevas causas debido a cambios en el marco normativo, las resoluciones derivaron en multas por un total de 1.925 UF. El 60,4% de este monto fue aplicado a notarios, usuarios de zonas francas y casas de cambio. En el desglose de sanciones destacan 17 notarios (660 UF), 5 usuarios de zonas francas (290 UF), 6 casas de cambio (225 UF), 3 instituciones financieras (230 UF) y 3 administradoras generales de fondos (120 UF), entre otros sectores.
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