La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que se está "llevando la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública".
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La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos que ha recibido el plan piloto de «Gas de Chile», que incluye a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en el mercado del gas licuado.
Desde la oposición cuestionaron que producir cada balón haya costado $117.000 en promedio, mientras que fueron puestos a la venta en $15.056 cada uno. "Ofrecieron gas a un precio más barato que en el mercado, pero sin explicitar que al Estado le saldría diez veces más caro y que esa diferencia la pagaríamos todos los chilenos con nuestros impuestos", acusó la UDI.
Al respecto, Vallejo pidió "recordar la historia que tiene esto. Cuando estábamos como Gobierno enfrentando, el año pasado, justamente el problema del alza del costo de la vida en contexto de invierno, fue que promovimos las medidas de estabilización del precio a los combustibles, y evitamos un alza generalizada".
"¿Qué es lo que vimos que había que hacer respecto al gas? Bueno, no podíamos subsidiar al mundo privado, cuando la Fiscalía Nacional Económica advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado, y se habían elevado precios por falta de competitividad", agregó.
La vocera del Ejecutivo recordó que la FNE recomendó tomar medidas para mejorar la competitividad en el mercado del gas licuado, ante lo cual se exploró un proyecto donde "a solicitud de parlamentarios y de los mismos alcaldes, no solo oficialistas, sino incluso de oposición, se exploró que los distribuidores estuvieran a nivel municipal, con una participación activa de una empresa del Estado que es Enap en la provisión del gas licuado, pero a través de la disminución minorista con los gobiernos locales".
"Por cierto, que siendo un plan piloto estuvo sujeto a evaluación. Y parte de esa experiencia, que no tuvo éxito como modelo al 100%, fue recogida en este nuevo modelo, donde Enap sigue jugando un rol importante en la provisión del gas licuado, pero en la distribución se consideró que no era lo más eficiente seguir utilizando a los municipios, sino que a minoristas multimarca", añadió.
En esa línea, la titular de la Secretaría General de Gobierno explicó que lo que hace Enap es permitir "que el Estado participe, pero con distribuidores privados, que no son los más grandes del mercado, pero que ayudan a acercar el gas a un mejor precio a las familias chilenas". Ello "resguardando el objetivo central, que es llegar con balones de gas licuado a menor precio que el mercado".
De esta manera, acuso que "esto no puede ser utilizado para tratar de echar abajo otras políticas públicas. Aquí se está llevando el debate a una sobreideologización brutal. O sea, se está queriendo utilizar este caso específico -cuyo único objetivo ha sido hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado, y por lo tanto, lograr bajar los precio del mercado, y eso se está logrando- con cuestionar o desacreditar la importancia de un pacto fiscal, el rol de cualquier empresa del Estado".
Recalcó que "no podemos caer en eso, porque al final de cuentas el desarrollo del país requiere siempre la colaboración público-privada. Y así lo estamos haciendo con el gas a precio justo, con la Estrategia Nacional del Litio, y otras políticas públicas que hemos empujado y seguiremos empujando como Gobierno".
Para ejemplificar "la utilización política que se está haciendo de este tema", la autoridad recordó que en el 2020, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, "comenzó a implementarse una plataforma centralizada de pagos del Estado".
Indicó que "esa plataforma fracasó. De hecho se produjeron duplicaciones de pagos, lo cual significó un costo de 96 mil millones de pesos en pagos duplicados a proveedores. Y cuando la Dipres, que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de aquello, nadie criticó la implementación de esta política de innovación, sino que criticó la suspensión de esta política, diciendo que el Ejecutivo no favorecía la innovación".
"Sin embargo, ahí se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto, además que fue pagado, fue gasto ejecutado y que sirvió como inversión inicial, respecto a esta política", manifestó.
Finalmente, la ministra cuestionó que "esto demuestra que la intencionalidad no tiene que ver necesariamente con el cuestionamiento del plan piloto, sino que con estar llevando la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública, que involucre un rol del Estado en la garantización no solo de derechos, sino que mejores condiciones de bienestar a la población".
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