Consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad es el objetivo de la iniciativa popular de norma (IPN) presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) al anteproyecto de texto constitucional.
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Consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad es el objetivo de la iniciativa popular de norma (IPN) presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) al anteproyecto de texto constitucional.
La propuesta plantea, específicamente, reemplazar la letra f del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación. De esta forma, las Universidades Estatales buscan incluir en el texto propuesto por la Comisión Experta una norma más extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas.
En este sentido, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que "la Universidad de Chile, en conjunto con las otras Universidades Estatales, tienen la responsabilidad de contribuir para incidir en la discusión constitucional, de la misma forma en que lo hicieron en el proceso anterior. La responsabilidad del Estado con la educación debe expresarse en su compromiso con la educación pública de calidad en todos los niveles. La educación superior pública es fundamental como motor del desarrollo a lo largo de todo el territorio”.
La enmienda presentada amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir de una mirada a la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado.
Como tal, “es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.
Por su parte, la directora ejecutiva del Cuech, Alejandra Contreras, señaló que “para el Consorcio resulta esencial que la nueva Constitución reconozca a la educación como un derecho garantizado por el Estado, el que para hacerse efectivo requiere de un sistema estatal articulado, que ofrezca una formación pluralista, inclusiva y de excelencia en todos sus niveles, desde el preescolar al superior".
"El reconocimiento constitucional del derecho a la educación y de su necesaria provisión pública permitiría formalizar la adecuada integración del conjunto del sistema en todo el territorio nacional y en todos sus niveles, permitiendo la retroalimentación, colaboración, fortalecimiento permanente y la necesaria articulación entre las distintas etapas y modalidades formativas”, añadió.
Por esta razón, ambas autoridades invitaron a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a respaldar esta iniciativa popular de norma votando a través de la plataforma implementada por Ucampus para la Secretaría de Participación Ciudadana. En total, se requieren 10 mil firmas de apoyo antes del 7 de julio para que una IPN sea debatida por el Consejo Constitucional.
PURANOTICIA
