A través de una declaración pública, los rectores advirtieron que una disminución de los aportes directos pondría en riesgo la sostenibilidad y el rol territorial de las instituciones públicas.
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Las universidades estatales, agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), emitieron una declaración pública en la que alertan sobre los efectos de una eventual reducción de los aportes fiscales directos.
Según señalaron, aquello “afectaría la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal”.
En el documento, las rectoras y rectores reconocen la preocupación del Gobierno por el gasto público, pero advierten que “la aplicación de ajustes de carácter transversal en el Estado no resulta neutra en sus efectos”.
Para ellos, “en el caso de la educación superior estatal, menores recursos contravienen la necesidad estratégica de fortalecer la formación de profesionales de excelencia, la investigación y la innovación, especialmente en regiones donde nuestras universidades cumplen un rol insustituible en su desarrollo territorial, no solo en lo formativo, también en lo productivo, social, científico, cultural y patrimonial”.
El Cuech también subrayó las limitaciones normativas que enfrentan sus instituciones: “La actual configuración normativa del sistema de educación superior estatal -caracterizada por rigideces para la gestión eficiente de las instituciones y desventajas competitivas frente al sistema privado- limita significativamente nuestra capacidad de absorción de reducciones presupuestarias sin impactos sustantivos en el cumplimiento de nuestra misión legal y rol público”.
En esa línea, destacaron “la evidencia levantada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre barreras regulatorias y asimetrías competitivas entre universidades estatales y privadas constituye un insumo relevante que debe ser considerado en cualquier análisis orientado a mejorar la eficiencia del sistema”.
Al mismo tiempo, valoraron la propuesta de moratoria para nuevas instituciones en gratuidad: “Esta medida se justifica no solo en el actual escenario de ajuste fiscal anunciado, sino también en la necesidad de revisar el crecimiento del sistema, en un escenario donde la expansión de la oferta privada no tradicional en educación superior -sin mecanismos equivalentes de regulación con la educación pública-ha incrementado la presión sobre el gasto fiscal, concentrando una proporción mayor de recursos públicos en entidades privadas”.
Respecto a otras iniciativas en discusión, como la reducción de la duración de las carreras o la revisión del régimen de títulos y grados, el consorcio manifestó “su completa disposición a participar en un debate técnico, basado en criterios objetivos, la experiencia acumulada y evidencia comparada, que permita resguardar la calidad formativa, la pertinencia de las trayectorias educativas y la autonomía universitaria como pilar democrático”.
Finalmente, subrayaron los avances logrados pese a las restricciones: “Las universidades del Estado han continuado con avances sostenidos en los indicadores de acreditación de calidad (...) Es evidente que cualquier disminución de los aportes basales o alteración en la estructura de aranceles regulados afectará de manera significativa la contribución estratégica del sistema de educación superior estatal al desarrollo económico, social y territorial del país”.
Y cerraron con un mensaje categórico: “Chile necesita más crecimiento económico y desarrollo humano. Una meta imposible de lograr sin el aporte decisivo que ejercen actualmente las universidades estatales en todas las regiones del país”.
(Imagen referencial: Infraestructura UC)
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