La profesional defraudó al fisco e isapres por más de $300 millones. El tribunal dictó su salida del país por 10 años, además del pago de 700 UTM y la inhabilitación de su cargo.
visitas
A una pena de cinco años de presidio, multa de 700 UTM e inhabilitación por cinco años para ejercer la profesión fue condenada una médico colombiana acusada como autora de delitos reiterados de emisión de licencias médicas falsas y facilitación de tales licencias para defraudar a las Isapres, además de fraude de subvenciones.
En el juicio, la fiscal de Investigación Especializada Centro Norte, Ximena Chong, acreditó que la médico emitió entre enero de 2020 y septiembre de 2022 alrededor de 5.700 licencias médicas falsas, lo que permitió defraudar a las Isapres y al fisco en más de $300 millones de pesos.
Atendido a que la profesional se encontraba en situación irregular en nuestro país, el tribunal ordenó que sufriera la pena sustitutiva de expulsión, lo que implica además, que contará con prohibición de ingreso a Chile por 10 años.
La investigación permitió establecer que del total de 5.700 licencias médicas falsificadas, cerca de 3.500 fueron emitidas a usuarios de Fonasa, lo que constituye el delito de fraude de subvención. El resto de las licencias afectó a diversas Isapres. Inicialmente, la denuncia comenzó solo por 12 licencias vinculadas a una institución privada antes de descubrirse el volumen total.
Para determinar que las licencias médicas emitidas por la imputada eran falsas, la Fiscalía Centro Norte realizó una serie de diligencias, que incluyó los testimonios directos de pacientes que reconocieron no haber recibido atención médica que justificara el reposo. También se hizo un análisis estadístico del comportamiento profesional de la imputada, que llegó a emitir más de 40 licencias médicas en un solo día. Se determinó que el tiempo entre la emisión de una licencia y otra era mínimo, lo que hacía imposible que existiera un examen médico real para establecer un diagnóstico o la necesidad de reposo.
Un detalle extra que llamó la atención de la fiscal fue que prácticamente la totalidad de los pacientes que atendía la profesional requería supuestamente de reposo. A esta inconsistencia se suma otra que radica en que a pesar de ser médico general, el 80% de sus diagnósticos eran psiquiátricos y el resto diagnósticos traumatológicos.
Según destacó la fiscal Chong, el daño causado al sistema por este tipo de prácticas es profundo y afecta diversos niveles. Dado que las instituciones de salud previsional pagan los subsidios por incapacidad laboral con el dinero de las cotizaciones de los demás afiliados, este fraude termina por encarecer los costos de la salud para todos los usuarios.
PURANOTICIA
