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Tras ponderar elementos del escrito, los ministros fijaron que los alegatos se realizarán el próximo 17 de agosto.
En votación dividida, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró este jueves admisible el requerimiento ingresado por el Senado a fin de que el organismo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el gobierno. Con esto, la instancia entrará al fondo del recurso.
La presidenta Nancy Yáñez, Daniela Marzi y Nelson Pozo estuvieron por la inadmisibilidad, mientras que Christian Letelier, José Ignacio Vásquez, Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Manuel Antonio Núñez se impusieron por la admisibilidad.
Tras ponderar elementos del escrito, los ministros fijaron que los alegatos se realizarán el próximo 17 de agosto. Previo a ello, tanto el presidente Gabriel Boric como el contralor Jorge Bermúdez, tendrán un plazo de 10 días para que, si así lo estiman, “se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del Tribunal”.
De acuerdo con sectores del Senado que presentaron el proyecto de acuerdo que habilitó al presidente Juan Antonio Coloma (UDI) para recurrir ante el TC, la iniciativa del Ejecutivo “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
Pese a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, desde el Ejecutivo han insistido defenderla tal como lo han indicado la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, la comisión no va a proponer proyectos de ley, ni realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales.
Según lo expresado por ambas secretarias de Estado, la misión de la citada instancia será “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.
“Se ha llegado a la convicción de que la desinformación es una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas, no solo a la información, sino también a la libertad de expresión”, agregaron.
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