A su juicio, el proceso fue desproporcionado y motivado políticamente. “Se gastaron cinco mil millones de pesos en perseguirme, lo que equivale a dos Cesfam o cien viviendas”, sostuvo.
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El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, adelantó que el lunes interpondrá una denuncia administrativa y penal contra el Ministerio Público, tras haber sido absuelto en el caso SQM luego de más de una década de investigación.
Durante una actividad en la que expuso los lineamientos de su programa con foco en la salud de las mujeres, el abanderado independiente señaló que busca esclarecer lo que calificó como una persecución política en su contra.
Según explicó, la acción judicial tendrá tres objetivos: identificar quién impulsó las causas en su contra, exigir la entrega de los correos electrónicos entre fiscales vinculados a las investigaciones y conocer las sanciones que podrían aplicarse a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
A su juicio, el proceso fue desproporcionado y motivado políticamente. “Se gastaron cinco mil millones de pesos en perseguirme, lo que equivale a dos Cesfam o cien viviendas”, sostuvo.
El candidato aseguró que tras su absolución se siente liberado y en condiciones de competir en igualdad con el resto de los aspirantes a La Moneda, luego de años de arraigo y restricciones judiciales.
“Durante once años no pude hacer campaña ni mirar a los ojos sin que dudaran de mí; hoy estoy libre y quiero que se sepa toda la verdad”, expresó.
En el plano político, Enríquez-Ominami criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric, señalando que deja “un desastre presupuestario” y que incumplió promesas como la rebaja de las tarifas eléctricas.
“Voté por él, pero no quiero cuatro años más de Gabriel Boric”, dijo, apuntando además al respaldo del Mandatario a la candidatura de su exministra Jeannette Jara.
Durante la misma actividad, el abanderado se refirió a la seguridad en colegios y centros de salud, descartando una política nacional de detectores de metales y planteando que las medidas deben definirse caso a caso, con un enfoque técnico y respeto a la integridad de menores y trabajadores.
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