Estas transferencias incluyen a un total de 3.298 fundaciones, corporaciones e instituciones privadas consideradas como colaboradores del Estado.
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El Registro de Colaboradores del Estado reveló que durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric se realizaron 15.764 transferencias a instituciones privadas, alcanzando un total de $384.993 millones (equivalentes a US$ 479 millones) en 15 meses.
Estas transferencias incluyen a un total de 3.298 fundaciones, corporaciones e instituciones privadas consideradas como colaboradores del Estado.
La polémica se desató a raíz del escándalo de la Fundación Democracia Viva, vinculada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez. Esta entidad recibió tres transferencias directas por un total de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Ante esta situación, la Fiscalía inició una investigación, Contraloría solicitó antecedentes y se pidió la renuncia del seremi involucrado. El Gobierno, por su parte, se vio en la obligación de explicar los hechos, inicialmente catalogados como "descriterio" por el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Estos hechos han puesto en cuestión la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. A pesar de que las transferencias de capital están reguladas por un articulado en la Dirección de Presupuestos (Dipres), las dudas crecen en torno a otras Seremis, como la del Maule.
El Registro Central de Colaboradores del Estado, creado en 2003, recopila y publica información sobre las transferencias de fondos realizadas desde el Estado a entidades privadas. Sin embargo, la falta de detalles y rendiciones en los registros públicos dificulta la fiscalización de dichos aportes.
La normativa establece que todos los acuerdos entre el Estado y entidades privadas deben realizarse mediante convenios suscritos, y aquellos que superen las 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) deben ser visados por Contraloría.
En el caso específico de las relacionadas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se han entregado $5.148 millones a nueve fundaciones, siendo la Fundación Democracia Viva la más destacada por su cuestionada asignación de recursos.
El programa de habitabilidad primaria, operado bajo una glosa especial del Minvu, ha permitido transferencias a fundaciones sin exigir concursos públicos ni boletas de garantía. Aunque se argumenta que esto acelera los procesos, Contraloría está focalizando su atención en este programa.
PURANOTICIA
