La Federación de Trabajadores del Minvu condenó "de manera rotunda el proceder del Seremi de Vivienda de Antofagasta y de quienes resulten responsables”.
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La Federación de Trabajadores del Ministerio de Vivienda (Fenatravi) se refirió a los convenios por $426 millones suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuando era dirigida por el ex seremi Carlos Contreras; y la Fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade, ambos militantes de Revolución Democrática (RD).
Mediante un comunicado, Fenatravi condenó "de manera rotunda el proceder del Seremi de Vivienda de Antofagasta y de quienes resulten responsables” y afirmó que “han enlodado y mancillado el nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".
En esta línea, manifestaron que "para nosotros es muy doloroso ver que el aprovechamiento político, el amiguismo y nepotismo trascienden por sobre la función pública".
"Nosotros, los funcionarios y funcionarias públicos de este ministerio, conocemos en terreno las carencias de los más pobres de nuestro país y trabajamos a diario para contribuir en la calidad de vida de cada uno de ellos, por lo que el actuar de un sector político con fines de lucro personal hacen que el trabajo que realizamos se vea manchado por el actuar interesado de algunos", subrayaron.
En ese sentido, señalaron estar "dolidos, decepcionados y molestos" debido al actuar "inescrupuloso" de algunas autoridades que "dañan profundamente el prestigio y la moral de la institución".
Asimismo, comentaron que "considerando que la denuncia fue realizada por la Asociación de Funcionarios de la Región de Antofagasta, es que esta federación respalda y comparte el actuar del gremio de esta región, valorando la probidad y destacando la valentía de sus dirigentes, por denunciar hechos tan graves de tales características".
"A raíz de lo anterior, es que señalamos que no avalaremos ningún tipo de cohecho ni falta a la probidad y denunciaremos todo tipo de irregularidad en cada una de las regiones de nuestro país", complementaron.
De esta forma, recalcaron que "creemos firmemente que nuestras autoridades ministeriales tienen el deber de aportar con todos los antecedentes para esclarecer los hechos, por el bienestar y la reputación del Ministerio de Vivienda. Los responsables deben ser sancionados administrativamente y explicar ante la justicia su mal proceder".
PURANOTICIA
