Deudores con mayores ingresos enfrentarán juicios inmediatos, mientras otros podrán optar a convenios de pago ante una deuda que ya llega a $4 billones.
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Un proceso de cobro a gran escala ha sido puesto en marcha por la Tesorería General de la República (TGR) con el fin de gestionar los pasivos vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta medida surge en un escenario de fuerte incremento de la deuda, la cual para este 2025 se sitúa en los $4 billones, cifra que representa un crecimiento de ocho veces en comparación a los registros de 2018.
En la actualidad, la cifra de morosos supera las 550 mil personas. Bajo el mecanismo vigente, el Fisco opera como aval de estos préstamos; por lo tanto, ante el incumplimiento de pago de un beneficiario, el Estado debe saldar el compromiso con la entidad bancaria para luego iniciar las gestiones de cobranza destinadas a reintegrar estos recursos al erario público.
La estrategia diseñada por la institución contempla un abordaje diferenciado que depende directamente del nivel de remuneraciones de los deudores. De esta forma, se establece una distinción entre aquellos que podrán acceder a convenios de pago para regularizar su situación y quienes enfrentarán procedimientos judiciales directos.
Desde la TGR se ha extendido una convocatoria a los usuarios para que normalicen su estado financiero, ya sea mediante la cancelación total o la suscripción de acuerdos de pago, especialmente para quienes cumplen con los requisitos. El propósito central es facilitar el cumplimiento, resguardar la eficiencia en el uso de fondos fiscales y promover la equidad en las obligaciones.
Respecto a los deudores cuyos ingresos mensuales sobrepasan los $5.000.000, la Tesorería informó que a contar de este lunes se activan acciones judiciales inmediatas. Para este segmento específico, no se contempla la opción de suscribir convenios de pago.
En este marco, se ha dado inicio a la implementación de medidas de regularización forzosa, lo que implica la apertura de juicios ejecutivos ajustados a la realidad particular de cada persona deudora. Estas gestiones, enmarcadas en la recuperación de activos estatales, facultan la aplicación de medidas como el embargo o la retención de bienes. Esto incluye fondos depositados en cuentas bancarias, remuneraciones percibidas u otros instrumentos financieros, siempre bajo el amparo de la legislación vigente.
Por otro lado, los convenios de pago están reservados exclusivamente para quienes perciban ingresos brutos mensuales inferiores a los $5.000.000, según los datos de la última Operación Renta (2025), y cuya deuda sea igual o superior a 1 UTM. Para gestionar estos acuerdos, la institución habilitó el portal tgr.cl/cae, donde los interesados pueden realizar trámites y resolver dudas utilizando su Clave Única o Clave Tributaria.
En los casos donde no se disponga de información de renta, los usuarios tienen la posibilidad de adjuntar su certificado de Operación Renta. Si no registran declaraciones, se solicita el certificado de cotizaciones previsionales a través de la Oficina Virtual. Asimismo, quienes posean antecedentes de ingresos pero se encuentren en situación de cesantía, pueden acreditar tal condición por la misma vía.
Aquellas personas que desconozcan el monto exacto o los detalles de su morosidad pueden realizar la consulta oficial en la web de la TGR mediante el Formulario 34. Para los deudores que residen fuera del país y no presentan cotizaciones previsionales en Chile, también se ha dispuesto la opción de tramitar convenios de forma remota, siempre que presenten la documentación que respalde su situación en el extranjero.
Finalmente, el organismo reiteró la importancia de utilizar los canales de información disponibles, tanto en la plataforma digital como en las sucursales presenciales, con el objetivo de normalizar las deudas derivadas del Crédito con Aval del Estado.
PURANOTICIA
