A abril de 2026, las comunas beneficiadas son 308 y las que recibieron los montos más altos son Puente Alto, con $3.771 millones; Calama, $2.263 millones; Maipú, $1.949 millones; Copiapó, $1.492 millones; La Pintana, $ 1.485 millones; y Huasco, con $ 1.399 millones.
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La Tesorería General de la República concretó la distribución de $113.268 millones a las comunas del país que son beneficiarias de los dos fondos que reciben recursos provenientes del royalty minero: el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI).
Estos recursos equivalen a las dos cuotas iniciales correspondientes a 2026, de un esquema anual que contempla cuatro pagos en total. Destaca que el volumen de dinero despachado en abril de 2026 superó en $86.908 millones a lo registrado durante el mismo mes de 2025.
Hasta el cuarto mes de 2026, el catastro de entidades edilicias favorecidas alcanzó las 308. En la cima de las asignaciones se ubicó Puente Alto, con $3.771 millones, seguida por Calama ($2.263 millones), Maipú ($1.949 millones), Copiapó ($1.492 millones), La Pintana ($1.485 millones) y Huasco ($1.399 millones).
Si se analiza exclusivamente el Fondo de Comunas Mineras, las inyecciones de capital efectuadas por la TGR en abril de 2026 llegaron a 89 administraciones locales. En este segmento, los aportes más cuantiosos recalaron en Calama, Copiapó, Rancagua, Huasco y Tierra Amarilla.
Por otro lado, el organismo recaudador habilitó en su portal institucional (tgr.cl) la más reciente actualización del Informe de Financiamiento Comunal (IFC). Este reporte detalla la totalidad de los traspasos ejecutados hacia los 345 municipios chilenos a lo largo de 2025.
Según las cifras del documento, durante el ejercicio pasado la TGR repartió un monto global de $2.932.726 millones ($2,9 billones) a las alcaldías. Al desglosar este pozo, $2.714.410 millones fueron a parar al Fondo Común Municipal (FCM); $165.595 millones se destinaron al FET; y $52.721 millones nutrieron al FCMI.
Hernán Nobizelli, tesorero general de la República, detalló que la repartición de estos caudales es ejecutada por la entidad que lidera, basándose estrictamente en las directrices emanadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
La autoridad sumó que tanto el FET como el FCMI obtienen su financiamiento del Royalty Minero, amparados en la Ley 21.591 que fue promulgada el 3 de agosto de 2023. Gracias a una disposición transitoria, dicha normativa habilitó un reparto preliminar de fondos en 2024, para luego entrar en régimen definitivo a partir de 2025.
"La Ley 21.591 creó nuevos mecanismos para transferir recursos generados por la industria minera a las comunas donde existen faenas que afectan el medio ambiente, como también a otras con menor desarrollo relativo", precisó Nobizelli. Asimismo, el directivo remarcó que la forma en que funcionan ambos instrumentos se incorporó al artículo 14 de la Ley Orgánica de Municipalidades (en sus numerales 7 y 8, respectivamente), "de modo que pasaron a suplementar el Fondo Común Municipal".
El cálculo para distribuir el FET y el FCMI se define como un aporte fiscal fijado anualmente en la Ley de Presupuestos. Este diseño otorga prioridad a aquellos territorios con mayor nivel de dependencia del Fondo Común Municipal, o bien, a los que integran el segmento con menores ingresos propios en todo el país.
Finalmente, el Informe de Financiamiento Comunal (FCM) elaborado por la TGR revela que durante 2025 la recolección por concepto de Impuesto Territorial (contribuciones de bienes raíces) —la principal vía de ingresos del FCM— se empinó hasta los $2.614.806 millones ($2,6 billones). Este resultado evidenció un alza nominal del 3,4% y una fluctuación real de -0,7% en comparación con el desempeño de 2024.
PURANOTICIA
